El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) concluyó la primera etapa del proceso de licitación para la adquisición de 28.000 máquinas de votación electrónica, una compra valuada en aproximadamente 93 millones de dólares. De las tres empresas postulantes, solo una superó la evaluación técnica, según informó este miércoles la institución.
La firma que continúa en carrera es Excelsis, que ya participó del consorcio ganador en 2019. Por su parte, fueron descalificadas las propuestas del Consorcio Comitia–MSA, de Argentina, y la surcoreana Miru Systems, por incumplimientos técnicos y documentales detectados en las pruebas funcionales.
️ Licitación Pública Internacional Nº 1/2025 – Justicia Electoral
La #JusticiaElectoralPy ha concluido la evaluación técnica de las ofertas para la adquisición de máquinas de votación electrónica, en cumplimiento de la Ley N° 6318/19. pic.twitter.com/8Q8bQ8iIlF
— Justicia Electoral (@TSJE_Py) July 30, 2025
Según el documento oficial –la Resolución DGAF/TSJE N.º 704–, el Consorcio Paraguay Democrático (donde figura Excelsis) fue el único en superar satisfactoriamente la etapa técnica. Las demás ofertas presentaron fallas como boletas reutilizables, pantallas no adecuadas, errores en la impresión y mal desempeño ante condiciones extremas, entre otras observaciones.
El proceso no está exento de polémica. Desde sectores disidentes del Partido Colorado surgieron críticas por un supuesto direccionamiento hacia empresas vinculadas al presidente Santiago Peña, quien fue socio de ITTI (una de las firmas que mostraron interés inicial) hasta marzo pasado. Sin embargo, el Comité de Evaluación no consideró esta observación en su dictamen técnico.
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El ministro del TSJE, César Rossel, aseguró que las elecciones están garantizadas con o sin las nuevas máquinas. Señaló que, si es necesario, “se puede volver al uso de papeletas”. Además, sostuvo que esta licitación permitirá un ahorro significativo y fortalecerá la independencia tecnológica del país.
Por otro lado, el presidente del TSJE, Jaime Bestard, recordó que se abre ahora un plazo de siete días hábiles para la presentación de protestas, y posteriormente, la Dirección de Contrataciones Públicas tendrá 35 días para responderlas. El objetivo es disponer de por lo menos 3.000 máquinas antes de fin de año, para tareas de capacitación, auditorías y demostraciones.
Fuente: ABC Color
