El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible admitió en documentos oficiales que la presión ejercida por sectores industriales impide la implementación del canon por extracción de agua de acuíferos y ríos. Un memorando de mayo de 2024 de la Dirección de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos reconoce que el canon constituye un “tema conflictivo que ha generado mucha resistencia” por parte de las industrias. Esta situación permite que empresas embotelladoras y de ultraprocesados extraigan agua a precio cero del Acuífero Patiño.
La abundancia de recursos hídricos ha sido tradicionalmente promocionada por sucesivos gobiernos paraguayos como ventaja competitiva para atraer inversión extranjera, junto con los bajos impuestos. El territorio nacional alberga puntos de recarga del Acuífero Guaraní, una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo. El Acuífero Patiño, que se extiende bajo 1.173 km² del Área Metropolitana de Asunción, abastece a casi 3 millones de personas, representando casi la mitad de la población nacional.
La percepción de abundancia ilimitada contrasta con la realidad climática actual, donde Paraguay enfrenta extremas temperaturas y la peor sequía en 80 años registrada entre 2019 y 2021. El cambio climático está generando competencia por el agua entre comunidades y actividades productivas en cuencas como la del Río Tebicuary. El gobierno de Santiago Peña tuvo que prohibir nuevamente el bombeo por parte de arroceros, acusados de dejar sin agua a pueblos enteros durante períodos críticos.
La Ley de Recursos Hídricos, aprobada en 2014 y reglamentada en 2022, busca establecer el uso racional del agua mediante el cobro de un canon por extracción. Sin embargo, el poderoso sector industrial ha logrado bloquear cualquier avance desde antes de la aprobación hasta la actualidad. La viceministra de Industria, Lorena Méndez, quien fue vicepresidenta de la Unión Industrial del Paraguay, expresó públicamente su rechazo argumentando que la ley podría “matar la iniciativa privada” con resoluciones de difícil cumplimiento.
Las industrias de bebidas comercializaron 500 millones de litros de gaseosas en 2013, promediando 1.369.863 litros diarios y llegando a 2 millones en los meses de mayor temperatura. Coca-Cola y Pepsi concentran el 62% de las ventas de refrescos, requiriendo entre dos y tres litros de agua por litro de gaseosa producido. Angel Almada, gerente de Coca-Cola, admitió que hablar del agua es “como un tabú” para la empresa, reconociendo la existencia de “creencias o mitos” sobre el uso industrial del recurso.
El MADES confirmó que existe “muy poca información” sobre el uso industrial del agua debido a que la Ley de Recursos Hídricos no entró en vigencia efectiva. La mayoría de industrias se concentran en el Departamento Central, donde utilizan agua del Acuífero Patiño que presenta indicios de sobreexplotación. Un balance hídrico de 2007 demostró que los niveles están descendiendo por la alta extracción, situación que se ha agravado en los últimos años sin actualización de estudios técnicos.
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La facilidad para extraer agua fue confirmada por la asesora técnica de Embotelladora Ycua Sati, quien explicó que solo se requiere “una habilitación en el rubro de alimentos” sin permisos específicos para extracción de agua subterránea. Las empresas únicamente deben presentar un informe técnico que no involucra personal regulador estatal más que para firmarlo. Esta situación contrasta con la afirmación del exdirector de Recursos Hídricos, José Silvero, quien declaró que “sin el agua del Patiño, estas industrias sencillamente no podrían producir ni funcionar”.
La resistencia empresarial al canon hídrico se remonta a 2008, cuando gremios como la Unión Industrial Paraguaya argumentaron que crearía “trabas a la inversión”. Enrique Duarte, presidente de la UIP, reveló que Coca-Cola lideró esfuerzos para “juntar diversos sectores” y retrasar la implementación de la ley. La reglamentación de 2022 utilizó fondos climáticos internacionales para contratar consultores especializados, pero el cambio de ministro con el gobierno de Peña y el fin del contrato impidieron concluir la implementación del canon por extracción de agua.
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Fuente: Consenso
