La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) y la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) ordenaron el cierre temporal de los 263 locales de la cadena Biggie Express en todo Paraguay. La medida se implementó tras detectar productos vencidos, reetiquetados y sin registro sanitario en doce sucursales de la empresa.
Jorge Iliou, titular de Dinavisa, justificó la decisión argumentando que las autoridades no pueden esperar a que ocurra una tragedia. La medida busca proteger la salud pública ante las irregularidades encontradas durante las inspecciones realizadas en múltiples puntos de venta de la cadena de minimercados.
Guiliano Caligaris, director de Biggie Express, manifestó que la empresa se enteró de la decisión a través de una conferencia de prensa. Confirmó que desde la medianoche todos los locales permanecen cerrados al público mientras realizan verificaciones internas para garantizar que no existan más productos en condiciones irregulares.
El directivo anunció que convocarán a Sedeco y Dinavisa para una nueva inspección, expresando su esperanza de resolver las observaciones y reabrir los establecimientos. Caligaris reconoció que cinco productos pasaron desapercibidos y aseguró que están fortaleciendo los mecanismos de control interno para reducir estas ocurrencias a cero.
La Unión Industrial de Paraguay (UIP) emitió un comunicado sobre el caso, enfatizando la necesidad de encontrar equilibrio entre la aplicación de sanciones, la protección al consumidor y la sostenibilidad del empleo. La organización empresarial expresó preocupación por el impacto económico de la medida.
✍️Comunicado de la UIP sobre el caso Biggie
La Unión Industrial de Paraguay (UIP) emitió un comunicado en relación al caso Biggie, señalando la importancia de encontrar un equilibrio adecuado entre la aplicación de sanciones, la protección al consumidor y la sostenibilidad del… pic.twitter.com/P2bbnr8T6Q
— Radio Ñandutí (@nanduti) August 13, 2025
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay calificó la sanción como desproporcionada. Consideró que la medida genera dudas sobre la calidad de las decisiones gubernamentales y afecta la seguridad jurídica necesaria para atraer inversiones nacionales y extranjeras al país.
SANCIÓN DE DINAVISA A BIGGIE |
➡️El presidente de la Capasu mencionó que se debe sancionar en la medida del error.
️»Si tuvieron errores, que tengan sanciones, eso nosotros estamos de acuerdo. Pero que las sanciones están proporcionales a las infracciones, eso es lo que… pic.twitter.com/LGmkXxz3YC
— Radio 780 AM (@780AM) August 13, 2025
La entidad comercial destacó que existen alternativas menos drásticas para abordar las irregularidades, como multas económicas. Señaló que el cierre de los locales pone en riesgo la cadena de valor completa, incluyendo empleados, proveedores, distribuidores y transportistas, con un impacto económico potencialmente gigantesco.
Los antecedentes de Biggie Express revelan cuatro sumarios administrativos durante 2024. En junio recibió una multa de 107 millones de guaraníes por reincidencia en condiciones insalubres de alimentos y falta de información sobre precios. En agosto enfrentó suspensión por productos vencidos.
Biggie Express respondió con un comunicado cuestionando la decisión gubernamental, calificándola de desproporcionada y contraria a las garantías jurídicas y derechos constitucionales. La empresa argumenta que durante más de diez años ha sido motor de desarrollo económico y social en Paraguay.
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La cadena destacó sus números operativos: genera más de 5.300 empleos directos, opera 263 locales en todo el país, trabaja con más de 500 proveedores nacionales y atiende a más de cuatro millones de clientes mensualmente. Comercializa 450.000 productos diarios con una facturación aproximada de un millón de dólares diarios.
La empresa rechazó categóricamente la medida, considerándola un acto de abuso de poder que genera daño irreparable a trabajadores, proveedores, clientes y la economía nacional. Exigió el restablecimiento inmediato de operaciones y el respeto a los principios de legalidad, proporcionalidad y seguridad jurídica que deben regir en un Estado democrático.
Por RDN
