Uruguay avanza hacia legalización de eutanasia médica

La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó durante la madrugada del miércoles un proyecto de ley que despenaliza la muerte médicamente asistida bajo condiciones específicas. La votación concluyó tras catorce horas consecutivas de debate parlamentario, con 64 votos favorables y 29 contrarios sobre un total de 99 legisladores presentes. El texto ahora avanza hacia el Senado para su consideración final.

El proyecto impulsado por el Frente Amplio recibió apoyo transversal de varios diputados de la oposición centroderechista. La iniciativa establece requisitos estrictos para acceder al procedimiento, incluyendo mayoría de edad, capacidad psíquica plena y diagnóstico de enfermedad terminal incurable que genere sufrimiento insoportable. Los pacientes deberán cumplir múltiples instancias de evaluación antes de formalizar su solicitud por escrito ante testigos.

Luis Gallo, diputado del Frente Amplio y defensor del proyecto, caracterizó la propuesta como garantista y protectora de los derechos tanto de pacientes como de profesionales médicos involucrados. El legislador enfatizó los mecanismos de seguridad incorporados en el texto para prevenir decisiones precipitadas o bajo presión externa. El proyecto incluye períodos de reflexión obligatorios y evaluaciones psicológicas independientes.

Infobae en vivo | URUGUAY DIO MEDIA SANCIÓN A LA LEY DE EUTANASIA

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de eutanasia que establece un marco legal para la muerte asistida en casos de enfermedades terminales o padecimiento.

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— Pinta Charla (@noplancho) August 13, 2025

Federico Preve, también del oficialismo, situó la iniciativa en el contexto histórico uruguayo de pionerismo en derechos sociales. El diputado recordó precedentes como la regulación del cannabis, el matrimonio igualitario y el sufragio femenino aprobado en las primeras décadas del siglo XX. Preve destacó el carácter laico del Estado uruguayo como fundamento para la ampliación de derechos individuales en decisiones de fin de vida.

La oposición planteó reservas significativas durante el extenso debate parlamentario. Andrés Grezzi, del centroderechista Partido Nacional, argumentó que la denominación Muerte Digna implica que las personas fallecen de manera indigna sin la ley. El legislador opositor defendió los cuidados paliativos existentes como alternativa suficiente para garantizar finales de vida sin dolor, sin adelantar el momento del fallecimiento.

El marco legal uruguayo actual sanciona con prisión la asistencia al suicidio, mientras los cuidados paliativos están reglamentados y disponibles en el sistema de salud. La contradicción normativa genera incertidumbre jurídica para profesionales médicos que enfrentan solicitudes de pacientes terminales. El nuevo proyecto busca resolver esta tensión legal mediante protocolos específicos y garantías procesales para todos los actores involucrados.

La opinión pública uruguaya muestra respaldo mayoritario a la legalización según encuestas recientes. La consultora Cifra registró en abril un 62% de apoyo ciudadano frente a un 24% de rechazo a la despenalización de la eutanasia. Estos datos reflejan un consenso social creciente sobre la autonomía individual en decisiones de fin de vida, especialmente en contextos de enfermedad terminal.

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Uruguay seguiría el precedente regional de Colombia, primer país americano en despenalizar la eutanasia mediante decisión de la Corte Constitucional en 1997. La primera eutanasia legal colombiana se realizó en 2015, expandiéndose desde 2021 a pacientes con enfermedades graves no terminales. En 2023 se practicaron aproximadamente 270 eutanasias en Colombia, incremento del 50% respecto al año anterior según el Laboratorio DescLAB.

El Senado uruguayo, donde el Frente Amplio mantiene mayoría, definirá el destino final del proyecto en las próximas semanas. La aprobación definitiva posicionaría a Uruguay como segundo país americano con marco legal específico para la muerte médicamente asistida. Canadá legalizó el procedimiento en 2016 tras fallo del Tribunal Supremo, registrando 15.343 casos en 2023, incremento del 15.8% respecto al período anterior.

Fuente: Clarín