A cinco días de culminar el proceso de intervención en la Municipalidad de Asunción, el interventor Carlos Pereira informó que aún aguarda documentos esenciales para cerrar su informe final. Entre ellos se encuentra la respuesta de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), clave para verificar la autenticidad de facturas de proveedores presentadas por la administración de Óscar Rodríguez.
El interventor señaló que la documentación pendiente corresponde a los gastos corrientes incluidos en los 123 biblioratos entregados por la gestión municipal. Según Pereira, estas facturas permitirán precisar el destino de los G. 500.000 millones en bonos, que según la Contraloría fueron desviados en gran parte al pago de salarios y rubros no autorizados.
Pereira adelantó que una vez obtenidas las respuestas oficiales, su equipo realizará verificaciones in situ de las empresas proveedoras. También anunció que evalúa, junto con sus asesores legales, la presentación de nuevas denuncias penales relacionadas con las irregularidades detectadas durante los 60 días de intervención.
Además de los informes financieros, el interventor revisa causas judiciales en las que la comuna habría puesto en riesgo bienes patrimoniales. Uno de los casos analizados es el de las tierras cedidas al Centro de Acción Social Universitaria (CASU), predio de 6.000 metros cuadrados sobre Aviadores del Chaco, cuya propiedad la Municipalidad habría perdido por falta de seguimiento judicial.
Otro proceso bajo revisión corresponde a la denuncia sobre el intento de entregar cuatro hectáreas en la Costanera Norte a la Confederación Paraguaya de Básquetbol como parte de pago de una deuda. El valor del inmueble asciende a G. 120.000 millones, muy superior a los G. 15.000 millones de la obligación reclamada, lo que genera cuestionamientos sobre un posible perjuicio a la comuna.
El concejal Félix Ayala expresó que esperan conocer en estos últimos días las fórmulas que el interventor propondrá para superar la crisis financiera de la Municipalidad. Recordó que Pereira mencionó la posibilidad de un fideicomiso, aunque otros ediles consideran viable la emisión de bonos, con un control más estricto en su aplicación.
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Para Ayala, la intervención debió realizarse un año antes, ya que el proceso coincidió con los Juegos Panamericanos Junior, momento que expuso las falencias en servicios básicos de la capital. Señaló que, tras la salida de Pereira, el presidente de la Junta Municipal debería asumir interinamente hasta que la Cámara de Diputados decida sobre la continuidad de Rodríguez.
En los casi dos meses de intervención, Pereira informó hallazgos como la utilización indebida de bonos, el incremento de la plantilla de funcionarios a 9.119 empleados con escaso control de asistencia y denuncias de sobrefacturación en compras públicas. Estos elementos serán parte del informe final que deberá remitirse al Congreso para definir el futuro del intendente Rodríguez.
Fuente: ABC Color
