La constructora portuguesa Mota Engil presentó una demanda contra el Estado paraguayo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Busca el cobro de una indemnización por el fallido proyecto del metrobús, una obra anunciada como emblemática durante el gobierno de Horacio Cartes pero nunca concluida.
El CIADI es un organismo que depende del Banco Mundial y que arbitra conflictos entre inversionistas extranjeros y Estados. Sus tribunales se integran por árbitros independientes, y los países adheridos se comprometen a cumplir los laudos emitidos. Una condena en esta instancia obliga al pago con fondos públicos, por lo que sus fallos tienen un fuerte impacto financiero y político.
Se trata de la primera demanda de una empresa portuguesa contra Paraguay en esta institución. El reclamo se ampara en tratados internacionales de inversión que otorgan a las firmas extranjeras la posibilidad de recurrir a arbitraje internacional en caso de disputas contractuales.
Según medios portugueses, las acusaciones mutuas entre la empresa y las autoridades paraguayas comenzaron tras el cambio de gobierno en 2018, cuando Mario Abdo Benítez sucedió a Cartes. El conflicto giró en torno a quién era responsable del incumplimiento del contrato que paralizó la obra.
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En octubre pasado, el Tribunal de Apelación de la Tercera Sala de la Capital anuló un laudo que obligaba al Estado paraguayo a pagar 16 millones de dólares, más intereses. Sin embargo, Mota Engil recurrió al arbitraje internacional para conseguir la indemnización. El contrato original ascendía a 45 millones de dólares, pero con sobrecostos llegó a 72 millones.
El fallo anulado señalaba que Paraguay había incurrido en inconducta al ejecutar garantías en contra de una orden procesal, debido a que la póliza del proyecto no era plenamente exigible. La sentencia advertía sobre riesgos financieros en la gestión de contratos de infraestructura.
El procurador general Marco Aurelio González responsabilizó al expresidente Abdo y al exministro Arnoldo Wiens por haber cancelado la obra. La rescisión interrumpió un proyecto que debía aliviar la congestión vial en Asunción y el departamento Central, pero que quedó inconcluso.
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Durante la administración de Ramón Jiménez Gaona, al frente del MOPC, se desembolsaron alrededor de 45 millones de dólares a contratistas y estudios de impacto. El financiamiento provino de un crédito de 145 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, adjudicado a Mota Engil mediante licitación internacional.
Las obras comenzaron en la zona de la Universidad Nacional de Asunción, en San Lorenzo, pero avanzaron solo en parte. El primer tramo, de casi cuatro kilómetros, fue entregado entre San Lorenzo y Fernando de la Mora, sobre la ruta n.º II “Mariscal Estigarribia”. Sin embargo, el proyecto quedó inconcluso y el resto del trazado nunca se ejecutó. La nueva acción ante el CIADI reabre un conflicto jurídico y financiero que podría afectar la credibilidad de Paraguay ante organismos internacionales y comprometer recursos fiscales.
Fuente: LPO
