La Fiscalía de Alto Paraná solicitó la apertura de un juicio oral y público contra el abogado Walter Ramón Acosta, de 49 años, tras la agresión registrada contra una funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) en el distrito de Tavapy. El hecho, ocurrido en marzo de 2025, fue grabado en video y generó amplia indignación ciudadana.
Según la acusación presentada por el fiscal Édgar Torales, los hechos se produjeron durante un operativo de verificación de equipos de expendio de combustibles en un surtidor de la zona. Los técnicos del INTN constataron que tres picos de nafta súper arrojaban medidas fuera de la tolerancia establecida, lo que derivaría en una sanción administrativa para la empresa.
En ese contexto, Acosta llegó al lugar y reaccionó de manera violenta contra los fiscalizadores. Primero profirió insultos y adoptó una conducta hostil, luego habría pateado a un funcionario del INTN, impidiendo el normal desarrollo de la inspección.
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Posteriormente, el abogado abofeteó y empujó a una funcionaria, lo que quedó registrado en un material audiovisual difundido masivamente en redes sociales. La secuencia fue filmada por compañeros de trabajo de la víctima, quienes documentaron lo ocurrido.
El informe médico forense corroboró las lesiones sufridas por la funcionaria, que incluyeron escoriaciones en la pierna derecha, contractura articular y cefalea. Para el Ministerio Público, estas agresiones tuvieron como finalidad frenar el trabajo de control técnico, configurando hechos de coacción y resistencia.
Además, según la acusación, el procesado se resistió a los agentes policiales que acudieron al lugar tras el incidente, dificultando la intervención de la autoridad. Este punto fue incorporado como agravante en la acusación fiscal.
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La investigación inicialmente estuvo a cargo de la fiscala Rocío Celeste González, pero tras una recusación planteada por la defensa, el caso pasó al fiscal Édgar Torales, de la Unidad Zonal de Yguazú. Fue este último quien presentó la acusación formal ante el Juzgado Penal de Santa Rita, a cargo del magistrado Bernardo Silva Vera.
La Fiscalía sostiene que existen pruebas suficientes para elevar el caso a juicio oral. Entre ellas destacan el informe médico forense y el material audiovisual que muestra con claridad la agresión. El proceso judicial ahora depende de la decisión del juez sobre la apertura del debate público.
Fuente: ABC Color
