La Cámara de Diputados realizó una audiencia pública de casi tres horas sobre la reforma del transporte público que recibió media sanción del Senado. Representantes de gobernaciones, municipios, gremios empresariales, sindicatos, usuarios y estudiantes expusieron posturas críticas. El denominador común fue el cuestionamiento al proyecto del Ejecutivo por carecer de visión integral y no garantizar mejoras sustanciales.
Fernando Maidana, representante de la Gobernación Central, señaló que el problema del transporte es 80% gestión y 20% legislativo. Cuestionó la capacidad del Viceministerio de Transporte con apenas 30 funcionarios para controlar el sistema nacional. Propuso que gobernaciones asuman rectoría temporal hasta formalizar áreas metropolitanas previstas en la ley.
Mauricio Maluf, presidente de Opama, calificó la reforma como insuficiente para revertir la crisis. Recordó que hace tres décadas dos tercios de la población usaba transporte público, mientras hoy es menos del 15%. “Con las mismas empresas, las mismas rutas y mil buses nuevos no se va a resolver nada”, sentenció comparando con sistemas modernos de Curitiba, La Paz o Cochabamba.
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El intendente de Encarnación, Luis Yd, llegó sin invitación formal acompañado del concejal Juan Augusto Lichi Benítez. Defendió la capacidad de municipios del interior para gestionar sistemas metropolitanos y reclamó inclusión en decisiones. “Necesitamos boleto único electrónico y subsidio también para el interior. La OPACI no es la única voz municipal”, enfatizó el jefe comunal.
Carlos Paredes de Opama y Codes cuestionó la reducción a diez empresas y omisión de medidas sobre boleto estudiantil, tercera edad y personas con discapacidad. El presidente de Cetrapam, César Ruiz Díaz, criticó que el proyecto prioriza garantizar pagos a empresarios mediante subsidios antes que mejorar experiencia del usuario. “Una reforma seria debe incluir infraestructura: carriles exclusivos, semáforos inteligentes, rediseño de itinerarios”, sostuvo.
Gerardo Giménez, presidente de Fetrat, cuestionó artículos que declaran el transporte como servicio esencial. “Eso significa recortar derechos laborales básicos, como el derecho a huelga. Los trabajadores no somos enemigos del usuario”, advirtió. Sostuvo que la reforma debe incluir seguridad laboral, salarios dignos y capacitación permanente.
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El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, reconoció que el proyecto no genera consenso pero lo defendió como primer paso imprescindible para modernizar el sistema. “Esta es una propuesta perfectible y los aportes son bienvenidos. Lo importante es que avancemos”, afirmó. Defendió el esquema de subsidios y sistema electrónico de pago para transparencia en asignación de fondos.
El presidente de Diputados, Raúl Latorre, aclaró que la reforma no ingresará al pleno inmediatamente. El proyecto fue derivado a comisiones para análisis durante 15 días. La jornada dejó clara la existencia de numerosos reclamos: gobernaciones exigen protagonismo, municipios del interior demandan subsidios equiparables a Asunción, empresarios disconformes, sindicatos cuestionan pérdida de derechos y usuarios esperan sistema digno.
Fuente: ABC Color
