El Juzgado de Garantías resolvió recientemente suspender la prisión preventiva para 12 campesinos detenidos en el departamento de San Pedro. Los beneficiados forman parte de un grupo de 28 personas capturadas tras un violento choque con la Policía Nacional. Los incidentes ocurrieron durante un intento de ocupación en la estancia Lusipar, ubicada en Santa Rosa del Aguaray. Este inmueble se encuentra actualmente bajo administración de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). Anteriormente, la propiedad perteneció al narcotraficante Luis Carlos Da Rocha, conocido como Cabeza Branca. Tras su comiso, la estancia pasó a manos del Estado paraguayo.
La resolución judicial beneficia a ciudadanos identificados como Emelio Acosta Argüello, Gregorio Espínola Díaz y Deris Sanguina Martínez. También figuran Alfonso Acosta, Amalio Ariel Sanabria, Carlos Peralta Pérez y Luis Careaga Medina. La lista se completa con Luciano Godoy Giménez, Héctor Fretes González, César Candia Mendoza y Julio Cristobal Adinolfi Almada. La decisión del magistrado busca descomprimir la situación procesal de los implicados. Sin embargo, el ambiente en la zona norte del país sigue siendo de alta tensión social. Las organizaciones campesinas consideran insuficiente la medida y exigen la liberación total de sus compañeros.
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El Ministerio Público imputó originalmente a 29 personas por diversos hechos punibles graves. Los cargos incluyen la invasión de inmueble ajeno y la perturbación de la paz pública. Además, los procesados enfrentan acusaciones por resistencia e incitación a cometer hechos punibles. La fiscalía también añadió daños materiales y tentativa de homicidio doloso a la carpeta fiscal. Del total de involucrados, 27 fueron remitidos inicialmente a la Penitenciaría Regional de San Pedro. Esta institución penitenciaria atraviesa actualmente una crisis por condiciones de sobrepoblación severa. Solo un adulto mayor y un herido bajo custodia hospitalaria habían evitado la cárcel previamente.
Los dirigentes del sector campesino ya planifican sus próximas acciones de fuerza. Para este sábado se convocó a una asamblea general con el fin de unificar criterios. Además, anunciaron el reinicio de las movilizaciones callejeras a partir del próximo lunes. Los manifestantes exigen la libertad inmediata de los 16 campesinos que aún permanecen bajo prisión preventiva. Las medidas de presión incluirán protestas y posibles cierres de rutas en puntos estratégicos de San Pedro. Los líderes sostienen que la lucha por el acceso a la tierra es una causa social justa.
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La propiedad Lusipar representa un símbolo del combate al crimen organizado en la región. Su administración por parte de la Senabico busca dar una utilidad pública a bienes de origen ilícito. No obstante, las comunidades rurales locales reclaman el uso productivo de estas tierras para fines de reforma agraria. Esta discrepancia entre el Estado y los gremios campesinos ha derivado en constantes fricciones territoriales. Las autoridades judiciales advierten que los procesos de desalojo y ocupación deben regirse estrictamente por la ley. Por lo tanto, cualquier acto violento será sancionado conforme al Código Penal vigente.
Las autoridades judiciales no descartan realizar nuevas revisiones de las medidas cautelares aplicadas. El desarrollo de las causas dependerá de la presentación de nuevas evidencias por parte de los abogados defensores. Por el momento, los 12 liberados deberán cumplir estrictas normas de conducta fuera de la penitenciaría. Mientras tanto, la Policía Nacional refuerza la seguridad en los alrededores del inmueble administrado por el Estado. Se espera que las asambleas gremiales definan el alcance de las protestas previstas para la próxima semana. La estabilidad en Santa Rosa del Aguaray depende ahora de la evolución del diálogo jurídico y político.
Fuente: ÚH







