Campesinos se movilizaron este lunes frente a la Fiscalía y el Juzgado de Garantías de Santa Rosa del Aguaray, en el departamento de San Pedro, para exigir la libertad de los campesinos detenidos tras el enfrentamiento con la Policía Nacional en la estancia Lusipar. También reclamaron la devolución de vehículos y herramientas incautados durante el operativo policial realizado en el lugar.
La manifestación fue resuelta durante una asamblea popular desarrollada el sábado en la comunidad de Tava Guaraní. En ese encuentro, campesinos sin tierra analizaron los hechos registrados durante el intento de ocupación de la estancia Lusipar, inmueble administrado por la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). La protesta se desarrolla de manera pacífica, aunque bajo un fuerte dispositivo de seguridad policial, con apoyo de la Patrulla Caminera para el control del tránsito.
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El abogado Víctor Sanguina, representante legal de los campesinos procesados, informó que presentaron un recurso de revisión ante el Juzgado de Garantías. Mediante esta acción solicitan la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva para los detenidos que continúan recluidos. Además, requirieron la devolución de todos los bienes incautados durante el procedimiento policial, incluidos vehículos y herramientas de trabajo.
Asimismo, el abogado responsabilizó al Ministerio del Interior por el enfrentamiento entre efectivos policiales y campesinos. Sostuvo que el operativo derivó en hechos de violencia que agravaron la situación procesal de los manifestantes. Mientras tanto, los campesinos reiteraron que continuarán ejerciendo presión mediante movilizaciones hasta obtener respuestas judiciales concretas.
Por su parte, Menelio Giménez, uno de los dirigentes del sector campesino, señaló que el objetivo principal de la movilización es lograr la liberación de los 17 campesinos que permanecen en la cárcel regional de San Pedro. Indicó que las bases campesinas se encuentran en proceso de reorganización en distintos puntos del departamento y del país, con la intención de retomar las acciones de protesta vinculadas al reclamo de tierras.
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Durante la asamblea realizada el sábado, los líderes campesinos resolvieron también fortalecer la organización interna y prepararse para nuevas acciones sobre las tierras de Lusipar. Los dirigentes advirtieron que continuarán con medidas de presión hasta lograr que la propiedad sea destinada a la reforma agraria, postura que mantienen desde el inicio del conflicto.
En cuanto a los antecedentes del caso, un total de 29 campesinos fueron imputados por hechos punibles como invasión de inmueble ajeno, perturbación de la paz pública, resistencia, incitación a cometer hechos punibles, daños y tentativa de homicidio doloso. De ese total, 27 personas fueron inicialmente trasladadas a la cárcel regional de San Pedro, que presenta una situación de sobrepoblación. Un adulto mayor accedió al arresto domiciliario y otro imputado permanece bajo custodia hospitalaria debido a las heridas sufridas.
El conflicto se originó cuando una caravana de aproximadamente 50 vehículos derribó el portón de la estancia Lusipar, pese a la presencia de un amplio contingente policial. El enfrentamiento dejó como saldo dos policías heridos por arma de fuego, varios campesinos lesionados, daños a móviles policiales y la incautación de 32 vehículos. La estancia Lusipar, con unas 11.000 hectáreas, fue comisada al narcotraficante brasileño Luis Carlos da Rocha, alias “Cabeça Branca”, y su arrendamiento a privados es el principal eje del reclamo campesino.
Fuente: ABC Color
