El Tribunal de Apelaciones de Delitos Económicos confirmó que José Ignacio Olmedo Lansac, propietario de la Compañía Administradora de Riesgos SA (Carsa), deberá enfrentar juicio oral y público en el marco del denominado caso de la mafia de los pagarés. La resolución rechazó la apelación presentada por la defensa del empresario y ratificó la decisión de elevar la causa a la siguiente etapa procesal.
La resolución fue adoptada por los camaristas Silvana Luraghi, Gustavo Amarilla y Arnulfo Arias. El tribunal sostuvo que existen elementos suficientes para que los hechos atribuidos sean analizados en un juicio oral. Además, señalaron que cualquier conclusión sobre la inexistencia de un hecho punible debe ser evaluada en esa instancia y no en una etapa preliminar del proceso.
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Según lo expuesto en el fallo, a Olmedo Lansac no solo se le atribuye haber tenido conocimiento de que las notificaciones judiciales eran falsas. También se le imputa haber actuado con voluntad y conciencia de que los demandados no habían sido debidamente notificados. En ese contexto, habría instado a una jueza de paz a continuar los juicios ejecutivos sin la participación de los supuestos deudores.
El empresario está acusado por el delito de prevaricato, en carácter de instigador, y por el uso de documentos públicos de contenido falso, como autor. Los camaristas indicaron que actualmente existe una acusación fiscal que sostiene la existencia de medios probatorios. Estos elementos, según el tribunal, podrían acreditar los hechos durante el desarrollo del juicio oral.
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En relación con los argumentos presentados en la apelación, el Tribunal de Apelaciones señaló que los agravios expuestos reflejan una disconformidad con los hechos atribuidos por el Ministerio Público. Por lo tanto, consideró que no se configuran causales suficientes para revertir la decisión que ordena la realización del juicio.
El caso de la mafia de los pagarés mantiene bajo investigación a dos empresas cuyos propietarios están formalmente acusados. Una de ellas es Carsa, señalada por su presunta alianza con Juzgados de Paz de Asunción. Según la investigación fiscal, esta relación habría permitido la tramitación de cientos de juicios ejecutivos sin notificación a las víctimas, lo que derivó en embargos inesperados. En un allanamiento previo, la Fiscalía encontró en la empresa un depósito con cerca de 10.000 expedientes judicializados que debían estar en distintos juzgados. La otra firma involucrada es Gestiones y Cobranzas SA (GECO), cuyo propietario también enfrenta cargos en la misma causa.
Fuente: ÚH
