El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encabezado por Carlos Fernández Valdovinos, reportó que la Caja Fiscal cerró el año 2025 con un déficit cercano a USD 380 millones, al tipo de cambio vigente. La cifra supera la proyección inicial de USD 350 millones y, según la cartera, tendrá un efecto sobre el déficit fiscal.
Además, el MEF detalló que el saldo rojo acumulado en 2025 alcanza USD 379.363.459. Por lo tanto, el dato consolida un cierre anual por encima de lo previsto. El informe oficial plantea que la diferencia entre ingresos y egresos sigue ampliándose en varios regímenes del sistema previsional público.
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Asimismo, el desglose por sectores muestra brechas marcadas al comparar aportes y pagos. Las Fuerzas Armadas concentran el 76% de déficit. Luego aparecen las Fuerzas Policiales con 65%. En tanto, el magisterio nacional registra 49% y los magistrados judiciales 29%, según los datos divulgados.
En ese marco, la institución recordó que entre 2014 y 2024 el déficit total de los sectores mencionados fue de USD 1.162 millones. De ese total, USD 748 millones corresponden a las Fuerzas Públicas y fueron cubiertos con recursos del Tesoro. A su vez, USD 414 millones se atribuyen al magisterio nacional y fueron financiados con excedentes del Programa Contributivo Civil. Además, se indicó que en los últimos 11 años el sistema del sector público demandó USD 1.542 millones, financiados en parte con impuestos.
Sin embargo, sindicatos de docentes —desde nivel inicial hasta el estamento universitario oficial— y gremios de fuerzas públicas rechazaron formalmente el proyecto de ley que busca reformar la Caja Fiscal. Sostienen que la iniciativa afecta derechos adquiridos.
Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), afirmó que desde hoy trabajarán en una propuesta para el Congreso Nacional. También informó que ya enviaron una nota para solicitar una reunión con Colym Soroka, titular de la Comisión Permanente, prevista para mañana, miércoles.
Además, el eje de las objeciones se concentra en el rechazo a una edad mínima de jubilación, mientras los sindicatos plantean mantener los años de servicio. También cuestionan el aporte estatal del 3% previsto en el proyecto y piden que sea del 14%. Piris mencionó un supuesto interés en tratar el tema en febrero, durante el receso, y advirtió que el trámite debería pasar por comisión.
En la misma conferencia, se afirmó que desde los años 90s el Estado acumula un déficit aproximado de USD 4.200 millones, considerado una deuda con trabajadores. Por su parte, Rafael Resquín, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), calificó el plan como “un despropósito unilateral impuesto” y dijo que el Estado es responsable de la situación. También alertó sobre la eliminación de la jubilación extraordinaria, citando el caso de docentes con enfermedades graves y 20 años de aporte. “Quiere decir que si un maestro, con veinte años de aporte padece de un cáncer terminal, no podrá acceder a la jubilación extraordinaria y debe seguir trabajando”, acotó Resquín.
Fuente: Última Hora
