La Contraloría General de la República otorgó una prórroga de veinte días al exdiputado Orlando Arévalo. También su esposa, la concejala Carolina González, recibió este beneficio de tiempo administrativo. Ambos deben justificar serios hallazgos en sus declaraciones juradas de bienes. El ente detectó bienes ocultos tras un examen de correspondencia detallado. El contralor Camilo Benítez firmó la resolución oficial para este descargo.
Las inconsistencias preliminares revelan un presunto ocultamiento de patrimonio del matrimonio lambareño. La lista incluye inmuebles, vehículos y depósitos bancarios no registrados inicialmente. Además, se detectaron acciones en empresas que no figuraban en sus documentos. Este proceso investigativo busca transparentar el origen de los activos declarados. El clan Arévalo solicitó anteriormente más tiempo para responder.
Omisiones patrimoniales en la declaración de Arévalo
El ente de control halló al menos doce propiedades sin declarar. Estos inmuebles están registrados legalmente a nombre de la concejala González. Se ubican en las ciudades de Villeta, San Juan Bautista y Lambaré. Además, figuran seis lotes situados en Loma Plata, en el Chaco paraguayo. Orlando Arévalo omitió deliberadamente estos bienes en su reporte institucional.
También se advirtieron irregularidades en cinco rodados de la pareja. Estos vehículos no aparecen en la declaración jurada del exdiputado colorado. Cabe recordar que Arévalo presidió el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Asimismo, existen inconsistencias en los valores declarados de sus fincas en Lambaré. El matrimonio tampoco reportó acciones en las firmas Gestión Educativa del PY EAS y Kremlin SA.
Discrepancias financieras y actividades agropecuarias
Las inversiones omitidas en estas sociedades suman cientos de millones de guaraníes. Por otro lado, no hay registros sobre su supuesta cría de gallinas. El exdiputado afirmaba obtener ingresos millonarios por esta actividad comercial específica. Sin embargo, las instituciones de control no poseen datos de este negocio agropecuario. Tampoco se declaró el ganado a nombre de la edil González.
Arévalo omitió igualmente cuatro cajas de ahorro de su esposa. El ente detectó deudas declaradas un año antes de ser realmente contraídas. La diferencia entre sus activos y pasivos es de 4.265 millones de guaraníes. Este desbalance ocurrió entre su asunción y su salida de la Cámara. Además, existen saldos de tarjetas de crédito no reportados debidamente por el legislador.
La concejala Carolina González presenta inconsistencias en los valores de construcción. Ella declaró una propiedad en Lambaré por 316 millones de guaraníes. No obstante, la Municipalidad de Lambaré remitió un presupuesto técnico muy superior. El valor real de construcción alcanzaría los 551 millones de guaraníes. González tampoco registró una embarcación perteneciente a su esposo ante la institución.
Examen de correspondencia a Eddie Jara y Johana Vega
El presidente de Petropar, Eddie Jara, también obtuvo una prórroga similar. Su pareja sentimental, la diputada cartista Johana Vega, comparte este beneficio administrativo. La Contraloría General investiga inconsistencias en sus respectivas declaraciones de bienes públicos. El contralor Camilo Benítez calificó estos hallazgos como escandalosos recientemente. Ambos funcionarios pidieron treinta días, pero recibieron solo veinte.
La investigación sobre Eddie Jara expone múltiples anomalías en su flujo financiero. El análisis documental revela un nivel de gastos superior a sus ingresos mensuales. Además, se detectaron depósitos en efectivo por montos considerados millonarios por la Contraloría. Estos movimientos bancarios suman 1.001 millones de guaraníes en los bancos Itaú y Basa. El origen de estos fondos está bajo estricta revisión técnica.
Irregularidades en viáticos y transferencias bancarias
Aparecen autoasignaciones de viáticos sin el respaldo migratorio correspondiente. El titular de Petropar también realizó transferencias desde cuentas institucionales. Estos envíos de dinero terminaron en su propia cuenta bancaria personal. Por lo tanto, el ente de control exige una justificación inmediata y documentada. La diputada Vega también debe aclarar sus ingresos y activos actuales ante el ente.
La Contraloría mantiene su enfoque en el examen de correspondencia oficial. Este instrumento es vital para detectar el posible enriquecimiento ilícito de funcionarios. El cumplimiento de los plazos es obligatorio para todos los ciudadanos investigados. Las autoridades aseguran que el proceso se ajusta a las normativas vigentes. El resultado final determinará posibles denuncias penales ante el Ministerio Público.
Fuente: ABC Color
