La Comisión Especial del Senado que investiga la denominada “mafia de los pagarés” identificó a la firma Industriales del Sur Sociedad Anónima. Esta empresa operaría mediante maniobras engañosas en perjuicio de diversos deudores locales. Diana Vargas, directora de la Comisión, señaló que la firma maquilla intereses usurarios con la venta de electrodomésticos. La compañía se enfoca exclusivamente en funcionarios activos y jubilados mediante el sistema de descuento automático.
Mecánica de la supuesta red de usura
El calvario de la docente María Teresa Pane ilustra el impacto social de estas acciones. En el año 2012, la mujer adquirió un televisor y un crédito de quinientos mil guaraníes. Ella firmó inicialmente tres boletas para autorizar los descuentos legales de su salario. Sin embargo, trece años después, la empresa reclama una deuda superior a los doce millones de guaraníes. Pane realizó pagos continuos hasta 2017 mediante el sistema de descuentos obligatorios.
Sus aportes totales superaron los siete millones de guaraníes según los registros legislativos. La Comisión determinó que el saldo pendiente real era de apenas tres millones de guaraníes. No obstante, en 2018 aparecieron cinco documentos nuevos con cargos adicionales injustificados. La afectada denunció la falsificación sistemática de su firma en los documentos presentados por la empresa. Actualmente, Pane figura en Informconf con una deuda inflada en un 300 %.
Antecedentes de la empresa INSUR SA
La firma Industriales del Sur SA es propiedad de Édgar Andrés Otazo Gómez y su esposa, Julia del Rosario López de Otazo. La empresa registra antecedentes similares por fraude desde el año 2016. En aquel entonces, un vendedor y una abogada de la firma estafaron a decenas de docentes.
Los propietarios también dirigen las empresas de salud privada denominadas Salud Protegida y Fleming. Además, cuentan con un emprendimiento agroganadero en Piribebuy llamado San Ignacio. Dicha unidad productiva fue denunciada por contaminar un cauce hídrico durante el transcurso del año 2025. Debido a esta grave falta ambiental, el establecimiento fue suspendido e inhabilitado oficialmente por las autoridades competentes.
Alcance judicial y otras víctimas
Luciana Bernardet Torres representa otra faceta de esta red criminal de cobros abusivos. La enfermera acudió al Laboratorio Forense de la Fiscalía para realizar una pericia caligráfica obligatoria. Ella denunció que su firma fue falsificada en varios pagarés presentados ante los tribunales. En su caso, la entidad involucrada es la Asociación Mutual del Hospital de Clínicas. Torres afirmó que solo adquirió productos básicos de la asociación y nunca solicitó dinero en efectivo.
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Sorprendentemente, los descuentos salariales comenzaron cinco años después de haber pagado por sus compras. Actualmente, la trabajadora de salud enfrenta una imputación judicial por supuesta estafa promovida por la abogada Lourdes Aranda. Estos casos demuestran un patrón recurrente de adulteración de documentos y deudas usurarias. Las víctimas aguardan una resolución judicial que limpie sus antecedentes crediticios manchados. La Comisión parlamentaria profundizará la investigación sobre estos esquemas de fraude financiero.
Fuente: Última Hora
