Política

Cámara Baja sanciona modificaciones a la Caja Fiscal

El proyecto legislativo busca la sostenibilidad del sistema previsional estatal. Las modificaciones incluyen nuevos criterios para el cálculo de haberes y aportes.

Imagen ilustrativa: multitudinaria movilización ciudadana en contra de la reforma de la Caja Fiscal planteada por el Ejecutivo.

La Cámara de Diputados otorgó este jueves la media sanción al proyecto de Ley de reforma de la Caja Fiscal. El tratamiento en particular se realizó de forma acelerada durante la sesión. Los legisladores decidieron incluir varias recomendaciones técnicas presentadas por la Comisión de Presupuesto. Esta propuesta busca reestructurar el sistema de pensiones del sector público para garantizar su operatividad. Por lo tanto, el texto ahora pasa a la siguiente instancia legislativa para su análisis. El documento oficial detalla ajustes significativos en las obligaciones financieras de los afiliados y del Estado.

Uno de los cambios principales es la implementación de un aporte obligatorio sobre la remuneración imponible total. El Estado paraguayo realizará un aporte del 5%, el cual se aplicará de manera gradual. Por su parte, los afiliados activos deberán aportar porcentajes diferenciados según su sector. Quienes pertenezcan a sectores superavitarios tendrán un descuento del 16%. En cambio, los trabajadores de sectores deficitarios deberán aportar el 19% de sus ingresos. Esta distinción pretende equilibrar las cuentas internas del sistema previsional estatal de forma progresiva.

Nuevas reglas para el sector docente y judicial

La Comisión de Presupuesto también dictaminó ajustes específicos para el artículo 12 del proyecto de ley. Estas modificaciones afectan directamente al Magisterio Nacional, a docentes universitarios y a magistrados judiciales. Para estos grupos, se establecieron nuevos criterios de acceso a los beneficios jubilatorios. La jubilación ordinaria ahora requiere una edad mínima de 57 años y 25 años de aportes efectivos. La tasa de sustitución mínima en este esquema variará entre el 60% y el 85%, según los años trabajados.

Asimismo, se definió un régimen para la jubilación extraordinaria dentro de estos sectores mencionados. Los solicitantes deberán tener al menos 55 años de edad y registrar 30 años de aportes. En este caso, la tasa de sustitución mínima se fijará entre el 60% y el 70%. Además, la remuneración base para este cálculo se obtendrá del promedio de los últimos 10 años de salarios. Estas medidas buscan estandarizar los beneficios y asegurar que los pagos sean sostenibles en el tiempo.

Condiciones para las fuerzas públicas y sostenibilidad

En lo que respecta a las Fuerzas Públicas, el proyecto establece requisitos particulares para el haber de retiro. Los uniformados podrán acceder a este derecho al cumplir 57 años de edad y 25 años de servicio. El monto del retiro se calculará basándose en el promedio de los últimos cinco años de remuneración imponible. La tasa de sustitución para este sector también se moverá en un rango del 60% al 85%. De esta manera, se unifican criterios de edad con otros sectores de la función pública civil.

La comisión legislativa, presidida por la diputada María Cristina Villalba, defendió la viabilidad de estas nuevas modificaciones. Según el dictamen, los ajustes permitirán mejorar los beneficios recibidos por los trabajadores dentro del sistema. Además, resaltaron que los cambios propuestos son financieramente sostenibles para las arcas del Estado a largo plazo. La intención es reducir el déficit que actualmente arrastra la previsional del sector público. Por ello, consideran que la ley es una herramienta necesaria para la estabilidad económica.

El debate en el pleno reflejó la urgencia de actualizar un sistema que presentaba signos de agotamiento financiero. Algunos sectores cuestionaron la celeridad del estudio, pero la mayoría acompañó los dictámenes de la comisión asesora. La inclusión de aportes estatales graduales fue vista como un compromiso necesario para sostener el fondo. Sin embargo, la mayor carga recaerá sobre los aportantes activos de las áreas con mayores saldos negativos. Esta estrategia busca que cada sector contribuya según su propia realidad fiscal y capacidad de ahorro.

Con la aprobación en la Cámara Baja, el proyecto de reforma encara ahora su etapa final en el Senado. De sancionarse, representará uno de los cambios estructurales más importantes para el funcionariado público en la última década. El éxito de la norma dependerá de su correcta implementación y del control sobre la remuneración imponible total. Los gremios de docentes y magistrados mantienen su atención sobre el impacto real que tendrá en sus futuras pensiones. Por el momento, la media sanción marca el inicio de una nueva etapa para la seguridad social paraguaya.

Fuente: ABC Color