Judiciales

Imputan a la fiscala Stella Mary Cano por coacción

Sonia Sanguines procesó a su colega por presunta coacción al empresario Ciro Panniello. Se solicitó el desafuero y medidas alternativas para la agente fiscal.

Stella Mary Cano. Foto: Fiscalía. Archivo.

El Ministerio Público oficializó la imputación contra la agente fiscal Stella Mary Cano. Se la investiga por la presunta comisión del hecho punible de persecución a inocentes. La agente fiscal Sonia Sanguines, de la Unidad de Derechos Humanos, lidera esta acción procesal. El caso guarda relación con una supuesta coacción ejercida contra el ciudadano italiano Ciro Panniello.

Junto con la imputación, Sanguines solicitó formalmente el desafuero de su colega Cano. Este paso resulta indispensable para que el proceso penal pueda avanzar según las leyes vigentes. Además, la Fiscalía requirió la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva. Entre ellas figuran la comparecencia obligatoria ante el juzgado y la prohibición de salida del país para la procesada.

La causa tiene su origen en un procedimiento realizado durante el año 2018. En aquel entonces, se investigaba una denuncia por estafa contra el empresario extranjero. Sin embargo, dicha causa fue desestimada posteriormente debido a la inexistencia de delito. Los indicios actuales apuntan a graves irregularidades en la actuación de la fiscala Cano durante aquel operativo.

Irregularidades en la orden de detención

La investigación sostiene que Cano ordenó la detención de Panniello sin realizar diligencias investigativas previas. La orden se emitió pocos días después de recibirse la denuncia por estafa. Por lo tanto, no existían elementos objetivos suficientes para justificar la privación de libertad. La Fiscalía de Derechos Humanos cuestiona la celeridad y la falta de sustento técnico en esta decisión judicial.

Además, Cano habría argumentado una supuesta falta de arraigo del ciudadano italiano. Sin embargo, en la carpeta fiscal ya figuraban documentos que acreditaban su situación legal. Panniello contaba con cédula paraguaya y vínculos comerciales sólidos en el territorio nacional. Estos datos contradicen la justificación utilizada por la hoy imputada para sustentar la detención del empresario.

Sospechas de coacción y acuerdo millonario

Otro punto crítico de la imputación refiere a lo ocurrido tras la detención del afectado. Panniello fue trasladado hasta su propio local comercial bajo custodia. Allí se concretó la firma de un acuerdo conciliatorio de carácter millonario. En dicho documento, el empresario cedía bienes de alto valor bajo el concepto de “reparación del daño”. La sospecha radica en que el acto se firmó bajo una fuerte presión.

La acusación señala que el acuerdo se realizó mientras el ciudadano italiano continuaba privado de su libertad. Panniello declaró ante la Justicia que accedió a firmar por temor a ser enviado a prisión. Esta versión se ve reforzada por un informe psicológico oficial del Ministerio Público. El diagnóstico describe síntomas compatibles con estrés postraumático derivados de aquel episodio vivido en 2018.

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Finalmente, la justicia deberá resolver el pedido de desafuero para iniciar las audiencias correspondientes. El caso genera un alto impacto dentro del ámbito judicial y político por la naturaleza del cargo de la procesada. Se espera que las diligencias forenses y documentales aporten mayor claridad sobre la conducta de Cano. El Ministerio Público reafirma su postura de investigar cualquier exceso en el ejercicio de la función fiscal.

Fuente: ABC Color