Redam registra más de 2.100 morosos alimentarios

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) reporta 2.168 personas registradas hasta febrero de 2026. De ese total, 2.135 son varones y 33 mujeres. El sistema permite identificar a quienes incumplen con el pago de pensiones alimentarias.

Desde su implementación, el Redam ha emitido 133.941 certificados. Este documento es utilizado en distintos trámites para verificar si una persona figura como deudora. El acceso al servicio es gratuito para la ciudadanía.

El objetivo del registro es garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Además, busca proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir sustento. Para las autoridades judiciales, se trata de una herramienta clave.

¿Qué implica figurar en el Redam?

Las personas incluidas en el registro enfrentan restricciones administrativas. Estas afectan trámites como renovaciones de documentos y gestiones registrales. Las limitaciones buscan incentivar la regularización de la deuda.

Además, el sistema permite consultas en línea durante las 24 horas. Para acceder, se debe ingresar el número de cédula paraguaya. En el caso de extranjeros, la consulta se realiza en oficinas judiciales habilitadas.

Hasta octubre de 2025, 114 personas fueron excluidas del registro. Esto ocurrió tras regularizar su situación o por decisiones legales. El proceso demuestra que el sistema también contempla la salida de quienes cumplen.

Herramienta para el control y cumplimiento

Los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia utilizan el Redam como apoyo en sus resoluciones. Según los datos, el registro ha contribuido a que varios deudores regularicen sus pagos. Esto fortalece el cumplimiento de las obligaciones.

Las autoridades advierten que la mora puede generar consecuencias legales relevantes. Entre ellas, la imposibilidad de acceder a licencias o realizar ciertos trámites administrativos. Estas medidas buscan reforzar el cumplimiento.

El Redam continúa operando como un mecanismo de control a nivel nacional. Su implementación apunta a mejorar la respuesta del sistema ante el incumplimiento de pensiones alimentarias. También refuerza el acceso a información pública.

Fuente: Net Judiciales