La Justicia paraguaya declaró improcedente una acción de amparo constitucional contra el proyecto Areguá Forest. Esta medida judicial fue promovida originalmente por Granja Libertad, alegando supuestos perjuicios al ecosistema local. El fallo confirma que el emprendimiento inmobiliario cumple rigurosamente con las normativas ambientales vigentes en el país. Debido a esto, la resolución judicial ratifica que no existen impedimentos legales para la continuidad de las obras. El desarrollo residencial se extiende sobre una superficie de 39 hectáreas situadas en el corazón de la ciudad.
El Poder Judicial dictó esta resolución a través de la Sentencia Definitiva N.º 106. El juicio se planteó contra el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) por parte de los recurrentes. No obstante, los magistrados determinaron que no se presentaron fundamentos suficientes para sustentar la demanda ambiental. Por consiguiente, el reclamo fue rechazado en todas sus partes al no probarse actos ilegítimos. Este veredicto brinda seguridad jurídica a la empresa responsable del proyecto, F27 Group, ante las acusaciones desestimadas.
La compañía ejerció activamente su derecho a la defensa durante todas las etapas del proceso legal. Para ello, presentó documentos oficiales que certifican la legalidad de sus operaciones actuales. De hecho, el proyecto Areguá Forest ya contaba con una licencia ambiental válida emitida por el MADES. Este permiso fue otorgado tras superar los requisitos técnicos exigidos por los organismos de control pertinentes. El cumplimiento de estos estándares demuestra que la planificación inmobiliaria se ajusta a las leyes de protección ambiental nacionales.
Cumplimiento técnico y protección del entorno natural en Areguá
Desde la firma responsable destacaron que el diseño del proyecto inmobiliario prioriza la integración con la naturaleza. Areguá Forest incluye planes específicos de forestación para valorizar la biodiversidad de la zona de intervención. Igualmente, los espacios verdes están pensados para cumplir con los estándares actuales de desarrollo sostenible. Estas acciones buscan minimizar el impacto urbano y fomentar la conservación de los recursos hídricos regionales. La infraestructura propuesta pretende coexistir armónicamente con el paisaje tradicional del departamento Central.
El rechazo del amparo asegura que el desarrollo urbano prosiga según el cronograma establecido originalmente. La empresa reafirmó su compromiso absoluto con la transparencia administrativa y la sostenibilidad de sus procesos. Además, manifestaron su plena confianza en las instituciones estatales encargadas de regular el sector de la construcción. El fallo de la Sentencia N.º 106 pone fin a la controversia judicial iniciada por la propiedad vecina. De esta forma, se garantiza la inversión privada en un área estratégica para el crecimiento municipal.
Finalmente, el comunicado de F27 Group subraya que sus operaciones se realizan con total apego a la ley. La empresa mantiene una comunicación abierta con las autoridades locales y nacionales del sector ambiental. La ratificación de la licencia ambiental permite que los futuros residentes tengan garantías sobre la legalidad del predio. El emprendimiento continuará su desarrollo respetando los lineamientos de preservación natural exigidos por el MADES.
