Conceden arresto domiciliario a la “rompepapeles” de Ueno Casa de Bolsa

La exjefa de Operaciones de Ueno Casa de Bolsa recibió arresto domiciliario con tobillera electrónica tras ser imputada por destruir documentos.

La Justicia concedió arresto domiciliario a Andrea María José Benítez García, exjefa de Operaciones de Ueno Casa de Bolsa. La mujer estaba recluida desde el 11 de noviembre por presuntamente destruir documentos antes de un allanamiento fiscal. La investigación está relacionada con la caída de Ueno Bank y las diligencias realizadas en sus empresas vinculadas.

El juez penal de Garantías Marcelo Saldívar resolvió sustituir la prisión preventiva por una medida menos restrictiva. La decisión se produjo tras una audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por la defensa. Benítez García está imputada por supuesta frustración de la persecución y ejecución penal.

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La exfuncionaria habría roto varios documentos pertenecientes a Ueno Casa de Bolsa poco antes de la llegada de los investigadores. Este comportamiento motivó su imputación y posterior reclusión preventiva. Ahora podrá cumplir la nueva medida judicial en el domicilio presentado por sus representantes legales, bajo vigilancia mediante un dispositivo electrónico.

Arresto domiciliario en el caso Ueno tendrá controles

La resolución judicial establece que Benítez García deberá utilizar una tobillera electrónica durante el cumplimiento de su arresto domiciliario. El dispositivo permitirá supervisar su permanencia en la vivienda autorizada. Asimismo, la imputada tendrá que someterse a controles semanales realizados por efectivos de la Policía Nacional.

Para adoptar esta decisión, Saldívar analizó un informe técnico de la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC). El documento confirmó que existen condiciones para instalar y utilizar el dispositivo en la dirección propuesta. Esta evaluación fue considerada fundamental para modificar la medida cautelar vigente.

El fiscal Juan Marcelo García de Zúñiga no presentó oposición al pedido de arresto domiciliario. Consideró que la disponibilidad de vigilancia electrónica y las garantías ofrecidas resultaban suficientes para asegurar la comparecencia de la procesada. Su postura fue incorporada al análisis realizado durante la audiencia judicial.

Imputada deberá cumplir garantías económicas

Además del monitoreo electrónico, el magistrado estableció una caución personal de G. 50 millones y una caución juratoria. También valoró las garantías presentadas, entre ellas un inmueble, un vehículo y una fianza personal. Estos elementos fueron considerados suficientes para reducir el peligro de fuga durante el proceso.

Benítez García deberá asumir los gastos correspondientes a la instalación de la tobillera electrónica. La medida sustituye su permanencia en prisión, pero no modifica su condición de imputada. La causa por supuesta frustración de la persecución y ejecución penal continuará bajo investigación, mientras permanece sujeta a las condiciones impuestas por el juzgado.

Fuente: Megacadena

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