Caso Ueno: Vázquez suma tres cargos y seguirá en prisión

El Tribunal de Apelación Penal Especializado confirmó la prisión preventiva de los principales imputados en el caso ueno bank y amplió los hechos punibles atribuidos al ex CEO Federico Miguel Vázquez y a otros tres procesados. La resolución, publicada por el diario Última Hora, incorpora nuevos cargos relacionados con presuntas maniobras financieras irregulares y el desvío de fondos millonarios.

La decisión fue adoptada por unanimidad por los camaristas Claudia Criscioni, Silvana Luraghi y Paublino Escobar, quienes revisaron los antecedentes del caso y los hechos descritos por el Ministerio Público. Tras analizar la imputación, concluyeron que correspondía ampliar la calificación jurídica de las conductas investigadas y mantener las medidas cautelares.

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En el caso de Federico Miguel Vázquez, el tribunal mantuvo las imputaciones iniciales por lesión de confianza, tentativa de estafa, conducta indebida en situaciones de crisis financieras y violación del deber de llevar libros de comercio. A estos hechos punibles se sumaron lavado de activos, quiebra y asociación criminal, lo que complica aún más su situación procesal.

🚨#CasoUeno | Amplian imputación contra Miguel Vázquez: ¿Qué pasará con los demás detenidos?

👉La Cámara de Apelaciones confirmó la prisión preventiva de Federico Miguel Vázquez Villasanti, ex CEO de Ueno Bank, quien continuará recluido en el Centro Nacional de Prevenidos (ex Tacumbú).

👉Además, la resolución amplía los hechos punibles atribuidos al empresario e incluye presunto lavado de activos, estafa, conducta indebida en situaciones de crisis, conducta conducente a la quiebra, casos graves, lesión de confianza, violación de las normas sobre llevanza de libros de comercio y asociación criminal.

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— Ñanduti (@nanduti) November 11, 2026

Nuevos delitos en el caso ueno bank

La resolución también afecta a Juan Manuel Gustale Cardoni, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Alejandro Gómez Abente, quienes continuarán bajo prisión preventiva. Los tres ya estaban procesados por los cuatro hechos punibles incluidos en la imputación inicial, pero ahora deberán responder también por lavado de activos y asociación criminal.

Las defensas habían recurrido la decisión del juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia, quien ordenó la prisión preventiva el pasado 5 de noviembre. Los abogados solicitaron que sus representados fueran beneficiados con arresto domiciliario y el uso de tobilleras electrónicas, al considerar que la resolución presentaba deficiencias en su fundamentación.

Sin embargo, el Tribunal de Apelación rechazó los planteamientos. Los camaristas señalaron que el juez de primera instancia no había realizado una calificación jurídica completa de los hechos atribuidos a los imputados. Por ese motivo, incorporaron una fundamentación complementaria y confirmaron la continuidad de la prisión preventiva.

Muy bien por el Tribubal. Le dió una clase magistral al @MinPublicoPy sobre la recalificación. Léanla, es un poema. Como solo @CCriscioni lo sabe hacer.

De paso también complementa la resolución del juez de garantías:

“En este sentido la resolución de primera instancia en su considerando hace mención a los hechos punibles que son atribuidos al recurrente por parte del MP, pero en el resuelve no realiza la calificación jurídica a fin de establecer a que hechos punibles corresponde sean subsumidos los hechos descriptos por el MP en el acta de imputación atribuidos a Miguel Vázquez conforme lo exige el artículo 242 CPP. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones complementa la resolución del Juzgado Penal de Garantías, atendiendo a que es obligación del Poder Judicial evaluar si los hechos objetos del proceso penal que son descriptos en la imputación se corresponden con la sospecha de uno o varios hechos punibles.”

Como el esfuerzo intelectual ya está hecho, el @MinPublicoPy ya no tiene excusas para ampliar la imputación también contra Peña y Carballo por “asociación criminal” y “lavado de activos”.

O si no… nos dan elementos para pensar mal. Y no queremos pensar mal. 🤨

— Alejandra Peralta Merlo (@aleperaltamerlo) November 11, 2026

Esquema de préstamos simulados

Según los antecedentes recogidos en la resolución judicial, Federico Miguel Vázquez habría ejercido el control final de ueno bank y participado en un esquema de operaciones crediticias que beneficiaba a empresas vinculadas a su propio grupo empresarial.

La investigación sostiene que los directivos autorizaron préstamos millonarios con recursos captados del público, presentando las operaciones como créditos concedidos a compañías que aparentemente no tenían relación con la entidad bancaria.

No obstante, varias de esas firmas estarían vinculadas al Grupo Vázquez. Entre las empresas mencionadas en el expediente figuran Itti Saeca, Grupo Hendy, Mowi SA, Nubicom, MSA y Office Design. De acuerdo con la hipótesis fiscal, estas compañías recibieron importantes sumas de dinero mediante créditos otorgados a plazos prolongados y sin garantías suficientes de recuperación.

Consecuencias financieras de las maniobras

Los investigadores sostienen que los montos desembolsados superaban ampliamente la capacidad de pago de las empresas beneficiadas. Además, el cumplimiento de las obligaciones dependía, en gran medida, de recursos provenientes del mismo grupo empresarial, lo que aumentaba los riesgos de las operaciones.

Otro punto señalado en la causa es la venta de una cartera de créditos de ueno bank a Vinanzas SA, una empresa presuntamente vinculada. La transacción habría alcanzado los USD 74,4 millones y, según la investigación, se realizó en condiciones contrarias a las restricciones aplicables a este tipo de operaciones.

Las maniobras investigadas también habrían provocado un importante déficit de previsiones en la entidad financiera, como consecuencia de la reclasificación de varios deudores. Los ajustes contables relacionados con estas operaciones superarían los G. 1,6 billones.

Para el tribunal, los elementos reunidos hasta esta etapa del proceso permiten incorporar las figuras de lavado de activos y asociación criminal a la investigación. Las operaciones bajo sospecha se habrían desarrollado durante 2025 y 2026, aunque la responsabilidad penal de los imputados deberá determinarse en el transcurso del proceso judicial.

Fuente: Última Hora