Familiares de Santiago Peña lograron amparo contra el MEF

El recurso fue promovido tras una solicitud de datos societarios presentada por un comunicador ante el Ministerio de Economía.

Familiares y allegados del expresidente Santiago Peña obtuvieron un amparo constitucional contra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La resolución judicial, dictada el 5 de noviembre de 2025, impidió la entrega de documentos reservados sin autorización judicial. Entre los beneficiados figura Leticia Ocampos, esposa del exmandatario.

La medida respondió a una solicitud presentada por el comunicador Hugo Javier Portillo el 7 de septiembre de 2025. El pedido buscaba conocer los vínculos empresariales de los familiares de Peña registrados ante el Estado. El caso fue divulgado por ABC Color a partir de registros del Poder Judicial.

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La abogada Jazmín Garcete Cantero promovió el recurso el 30 de octubre de 2025. Los accionantes alegaron un peligro inminente de vulneración de sus derechos constitucionales. Invocaron específicamente la protección de la intimidad y la inviolabilidad del patrimonio documental frente a una eventual entrega de información.

¿Qué información sobre los familiares de Peña se solicitó?

Portillo pidió identificar las sociedades y empresas donde los involucrados figuraran como accionistas, socios fundadores o integrantes de directorios. También solicitó datos sobre administradores, representantes legales, apoderados y propietarios registrados. El requerimiento incluía cualquier vínculo societario o de gestión empresarial que constara en registros públicos.

Entre los recurrentes estaban Carlos Antonio Ocampos Zelada y María Teresa Villate Garcete, padres de Leticia Ocampos. También figuraban sus hermanos Carlos y Adriana Ocampos Villate. La nómina incluía a Ana María Palacios de Peña, José Cayetano Peña Nieto y Gonzalo Peña Ocampos, hijo del expresidente.

Asimismo, participaron Serenella Argaña Scavone, Manuel Peña Palacios, Claudia Verónica Gómez Abente, Francisco Peña Palacios y Rocío Caballero Bosch. Todos fueron representados en la acción presentada contra el MEF para evitar la divulgación de documentos considerados reservados.

Juzgado fundamentó el amparo en la Ley 6446/2019

El juez Diego Alejandro Torres fundamentó su decisión en la Ley N.º 6446/2019. Según la resolución, los datos solicitados están almacenados en el Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y el Registro de Beneficiarios Finales. El Juzgado sostuvo que esa información “no puede ser considerada típicamente pública”.

La resolución señaló que el acceso corresponde exclusivamente a determinadas autoridades tributarias, administrativas, fiscales y judiciales. También contempla organismos competentes en investigaciones de lavado de dinero, evasión fiscal, infracciones monetarias y financiación del terrorismo. Incluye entidades de supervisión financiera y bancaria. En consecuencia, el Juzgado prohibió al MEF entregar documentos reservados de los accionantes sin una orden judicial expresa.

Fuente: ABC Color

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