Carlos Echeverría, intendente de Luque.
Vecinos de la ciudad de Luque denuncian un esquema de desalojos forzados que involucra al intendente Carlos Echeverría. El grupo de afectados asegura que el jefe comunal opera con abogados para apropiarse de tierras valiosas. Esta red utilizaría presuntamente títulos falsos para desplazar a familias antiguas de sus hogares. La gravedad del caso motivó el pedido de intervención de las autoridades nacionales.
El senador independiente Eduardo Nakayama trasladó esta preocupación al Congreso Nacional durante la última sesión ordinaria. Nakayama solicitó un informe detallado sobre los procesos de venta y titulación de propiedades en Luque. Esta denuncia cobra relevancia por el crecimiento del valor inmobiliario en la zona centralina. Las familias afectadas se manifestaron hoy frente a la sede municipal para exigir respuestas claras.
El legislador opositor afirmó que existe un despojo de tierras ejecutado por funcionarios municipales. Según Nakayama, el esquema utiliza documentos de las décadas de 1960 y 1970 sin registro oficial en Catastro. La comuna asesoraría supuestamente a desarrolladores inmobiliarios o prestanombres para concretar una doble titulación. “Se está dando un despojo de tierras en Luque, llevado adelante por funcionarios dentro de un esquema montado”, denunció el parlamentario.
El dirigente liberal Manuel Morínigo confirmó que el malestar ciudadano se extiende por toda la comunidad luqueña. Morínigo, precandidato a concejal, señaló que los desalojos presentan características altamente sospechosas para los vecinos. El equipo político del exintendente César Meza Bría maneja información que vincula estos operativos con el municipio. Las familias afectadas residen en sus terrenos desde hace varias décadas y temen perder su patrimonio familiar.
Los procesos judiciales de desalojo se resuelven con una celeridad inusual según las denuncias recibidas. Morínigo detalló que muchas víctimas ni siquiera logran ser notificadas antes de perder sus hogares. Este mecanismo impediría que los afectados ejerzan su derecho constitucional a la defensa legal en los tribunales correspondientes. La supuesta red aprovecharía el aumento exponencial del valor de la tierra en puntos estratégicos de la ciudad.
El intendente Carlos Echeverría mantiene un silencio oficial ante estas graves acusaciones de corrupción administrativa. Este escenario de conflicto social debilita su posición política dentro de la interna partidaria colorada local. El escándalo surge en un momento crítico de cara a las próximas elecciones municipales del mes de octubre. El equipo político del jefe comunal podría enfrentar severas complicaciones electorales debido a la indignación de los votantes locales.
Un numeroso grupo de vecinos organizados se concentró en los últimos días frente al edificio de la Municipalidad de Luque. Los manifestantes exigieron el cese inmediato de los atropellos a la propiedad privada en sus barrios. Las denuncias cuentan con el respaldo de referentes de distintos sectores políticos, incluyendo tanto a liberales como a colorados. La ciudadanía organizada busca que la Fiscalía General del Estado intervenga de oficio para investigar a los responsables.
El informe solicitado por el senador Nakayama busca identificar a todos los actores involucrados en la red. Se revisarán exhaustivamente los registros de Catastro para contrastarlos con los títulos presentados en los juicios. El objetivo final es promover el procesamiento penal de los funcionarios municipales implicados en este esquema ilegal. La transparencia en la titulación de tierras es fundamental para garantizar la seguridad jurídica de todos los habitantes luqueños.
La Municipalidad de Luque debe responder formalmente al pedido de informe remitido desde la Cámara de Senadores. La sospecha de asesoramiento municipal a prestanombres agrava la situación legal del intendente Carlos Echeverría. El clima de desconfianza hacia la gestión actual crece mientras se suman nuevos testimonios de familias despojadas. El seguimiento judicial de estos casos determinará el futuro político y administrativo de la ciudad más importante del departamento Central.
Fuente: LPO
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