Fiscal analiza ampliar la causa por presuntas irregularidades en el IPS

La investigación por el contrato de los quirófanos modulares del Hospital Central del IPS podría sumar nuevos imputados. El fiscal Julio Ortiz confirmó que analiza la actuación de los consejeros que participaron en las decisiones relacionadas con el proyecto, que habría causado un perjuicio de unos G. 61.000 millones, según el Ministerio Público.

La causa se centra en la adjudicación y ejecución del contrato otorgado a la firma Neighpart S.A. La Fiscalía sostiene que las obras nunca se concretaron por problemas de planificación. Aun así, se habrían autorizado pagos y firmado varias adendas para extender la vigencia del contrato.

Hasta ahora, nueve personas fueron imputadas por presunta lesión de confianza. Entre ellas están los expresidentes del Consejo de Administración del IPS, Vicente Bataglia y Jorge Brítez, además de exdirectores y exgerentes de Logística y de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC).

Buscan identificar cómo votó cada consejero

Ortiz explicó que espera documentación del IPS para determinar qué consejeros acompañaron las decisiones tomadas durante el proceso.

“Estoy necesitando que me pasen unos documentos para ver quiénes son los consejeros que votaron a favor de esto y excluir a los que votaron en contra, se abstuvieron o no asistieron”, manifestó.

🔶 IPS brindará postura tras imputaciones a extitulares

🔶 Se aguarda inicio de la conferencia de prensa a ser presidida por el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes, el fiscal Julio Ortíz y el abogado Pablo Morínigo, director jurídico de la… pic.twitter.com/qD2QF3Olrr

— ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) August 5, 2026

Con esa información, la Fiscalía evaluará si corresponde ampliar la lista de imputados.

Cuestionan los pagos realizados

Sobre la situación de Bataglia y Brítez, el fiscal afirmó que ambos permitieron que continuaran los desembolsos pese a que ya existían informes de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) que recomendaban frenar el contrato e iniciar gestiones para recuperar el dinero entregado.

“Ellos, como cabeza del Instituto de Previsión Social, permitieron el pago cuando ya había informes de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas que decían que no se prosiga y se busque la manera de recuperar el dinero otorgado” , sostuvo.

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Ortiz agregó que, pese a esas advertencias, “siguieron pagando con adendas, aumentando el plazo y abonando” .

El fiscal también aseguró que durante la investigación hubo filtraciones de información dentro del IPS, una situación que, según dijo, obligó a acelerar la presentación de las imputaciones.

Además de las imputaciones, el Ministerio Público pidió la prisión preventiva de los procesados y el embargo preventivo de sus bienes, con el objetivo de resguardar una eventual recuperación del dinero que habría sido perjudicado al Estado.

Fuente: ABC Color