Fiscalía pide prisión para Bataglia y Brítez, expresidentes del IPS, por perjuicio de G. 61.000 millones

El fiscal Julio Ortiz imputó y solicitó la prisión preventiva para los expresidentes del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Mario Bataglia Araújo y Jorge Magno Brítez Acosta, además de otros siete exfuncionarios, por un presunto hecho de lesión de confianza relacionado con las fallidas obras de construcción de quirófanos en el Hospital Central. La investigación atribuye un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones.

Además de Bataglia y Brítez, fueron imputados Hugo Enrique Aranda, Juan Manuel Villar López, José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruíz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado, quienes ocuparon distintos cargos administrativos durante las gestiones investigadas.

El Ministerio Público también requirió el embargo preventivo de los bienes de los imputados hasta cubrir el monto del presunto perjuicio, además de la inhibición general para vender o gravar bienes. La Fiscalía argumentó que la expectativa de pena, que puede alcanzar los diez años de prisión, justifica la aplicación de la medida cautelar.

La investigación apunta a las adendas del contrato

Según la imputación, el caso se originó tras una denuncia presentada el 1 de abril de 2024 por la fiscala Silvia González, basada en observaciones formuladas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) mediante la Resolución N.° 717/2024.

El fiscal Julio Ortiz imputó al ex presidente del IPS, Jorge Brítez, y a otras nueve personas por presunta lesión de confianza. Además, ordenó la captura de los nueve imputados. pic.twitter.com/MztyI4FI61

— Mirian Soilán (@mysoilan) August 4, 2026

La investigación se centra en presuntas irregularidades detectadas en la Adenda N.° 4 del Contrato N.° 6/2020, vinculada a modificaciones de plazos, condiciones de ejecución y pagos para el proyecto de reacondicionamiento e instalación de quirófanos modulares en el Hospital Central del IPS.

Fiscalía sostiene que siguieron autorizando pagos

De acuerdo con la investigación, la licitación pública para el proyecto fue adjudicada a la empresa Neighpart S.A. por un monto inicial de G. 53.000 millones. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que durante la ejecución del contrato se aprobaron adendas y actas de recepción que permitieron continuar con los pagos pese a que las obras no podían ejecutarse por la falta de planificación y de adecuación de la infraestructura.

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El Ministerio Público afirma que los entonces presidentes y funcionarios del IPS no suspendieron oportunamente el contrato, pese a la imposibilidad de liberar las áreas donde debían realizarse los trabajos. Según la imputación, esta situación permitió que la empresa continuara cobrando por obras no ejecutadas, ocasionando un presunto perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones para la previsional.

Fuente: ABC Color