MEF denuncia a directivos de Ueno Bank por fondos de la Caja Fiscal

El Ministerio de Economía recurrió a la Fiscalía para investigar la colocación de G. 250.000 millones en el banco en crisis.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra directivos, funcionarios y otras personas vinculadas a Ueno Bank S.A., con el objetivo de esclarecer qué ocurrió con los G. 250.000 millones de la Caja Fiscal depositados en la entidad bancaria. La medida se produce en medio del proceso de resolución dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP).

La denuncia fue firmada por el abogado del Tesoro, Fernando Benavente, durante la gestión del ministro Óscar Lovera Chávez. A través de esta acción, el Estado busca que se investiguen las operaciones relacionadas con los Programas Contributivos Civiles y se determine si existieron hechos punibles que afectaron al patrimonio público.

Unite a nuestro canal de WhatsApp

Uno de los puntos señalados en la presentación es la diferencia entre la situación financiera que mostraba el banco en julio de 2025 y la que posteriormente salió a la luz. En aquel momento, el Poder Ejecutivo había autorizado la colocación de los fondos jubilatorios en instrumentos financieros de Ueno Bank, tomando como referencia las condiciones de solvencia que presentaba la entidad.

Sin embargo, el deterioro de su patrimonio terminó provocando la intervención del BCP. Ahora, la Fiscalía deberá establecer si los balances utilizados para captar los recursos estatales reflejaban la verdadera situación financiera del banco o si existían problemas que no fueron informados oportunamente.

¿Qué provocó el deterioro financiero de Ueno Bank?

El 2 de noviembre de 2026, el Directorio del Banco Central del Paraguay decidió por unanimidad iniciar el proceso de resolución de Ueno Bank, luego de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del umbral legal del 50 %. La situación quedó en evidencia tras los ajustes realizados a los balances de la entidad durante el proceso de regularización.

La denuncia del MEF también hace referencia a investigaciones penales anteriores que involucran a directivos del banco. Ante estos antecedentes, la institución solicitó que los nuevos hechos sean investigados en una causa independiente o incorporados a alguno de los procesos que ya están en curso.

Con esta medida, el Ministerio de Economía pretende identificar a los posibles responsables y proteger los recursos públicos destinados al sistema jubilatorio. La investigación también deberá determinar si hubo irregularidades en el manejo de los fondos y qué posibilidades existen de recuperar el dinero.

¿Cómo se autorizó el depósito de los fondos de la Caja Fiscal?

Los G. 250.000 millones fueron colocados mediante Certificados de Depósito de Ahorro (CDA), conforme a las disposiciones del Presupuesto General de la Nación de 2025. La operación se sustentó en el artículo 158 de la Ley N.º 7408/2024 y en el Decreto Reglamentario N.º 3248/2025, que permitían invertir estos recursos en bancos del sistema financiero nacional con una calificación de riesgo mínima de AA.

Para definir dónde depositar el dinero, el Comité de Inversiones del MEF, creado en 2013, debía evaluar las propuestas de las entidades interesadas siguiendo su manual de procedimientos. Este mecanismo contemplaba seis criterios de evaluación para seleccionar a los bancos que recibirían los fondos.

A pesar de estos controles, los recursos jubilatorios terminaron comprometidos por la crisis financiera de Ueno Bank. Esta situación abre interrogantes sobre las evaluaciones realizadas antes de autorizar la inversión y sobre la información que tuvo a su disposición el Estado al momento de tomar la decisión.

Por ello, una de las tareas de la Fiscalía será verificar si los responsables de aprobar la colocación aplicaron correctamente los criterios establecidos. También deberá revisar qué calificaciones de riesgo respaldaron la operación y si existieron señales de alerta sobre la situación del banco que no fueron tomadas en cuenta.

El caso pone bajo la lupa tanto la situación financiera de Ueno Bank como los mecanismos utilizados por el Estado para administrar los fondos de la Caja Fiscal. Mientras avanza la investigación, una de las principales cuestiones por resolver será cómo recuperar los G. 250.000 millones y determinar si hubo responsabilidades penales en las operaciones que permitieron su depósito.

Fuente: Judiciales.net

Compartir: