Asesoría anticorrupción de Peña para intendentes electos causa desconcierto y críticas

El presidente Santiago Peña puso en marcha una iniciativa del Consejo Nacional Anticorrupción para orientar a los intendentes electos sobre transparencia en la administración municipal. Sin embargo, la propuesta no cayó bien entre los futuros jefes comunales. Según publicó el portal LPO, varios de ellos recibieron el anuncio con sorpresa y malestar, al considerar que el Gobierno pone bajo sospecha sus futuras gestiones incluso antes de que asuman sus cargos.

La reunión preparatoria se realizó en Mburuvicha Róga, sin la participación de representantes de la Opaci. La intención del Ejecutivo es prevenir irregularidades, especialmente en los municipios del interior que no cuentan con equipos técnicos suficientes. Pese a ello, los intendentes cuestionan la utilidad de estas capacitaciones mientras no existan sanciones efectivas contra las autoridades denunciadas por corrupción.

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Otro punto que genera rechazo es la presencia de dirigentes políticos cuestionados en el proyecto. Entre los participantes de la reunión estuvo el senador Basilio “Bachi” Núñez, hermano de “Ñoño” Núñez, condenado por lesión de confianza. También surgen críticas hacia el diputado Esteban Samaniego, quien preside la Comisión de Asuntos Municipales pese a estar imputado por presuntos desvíos de fondos.

El presidente de la República, Santiago Peña, convocó hoy al Consejo Nacional Anticorrupción para trabajar en iniciativas de apoyo a las nuevas autoridades municipales electas. https://t.co/gNbsAimbqm

— Presidencia Paraguay (@PresidenciaPy) October 7, 2026

Asesoría anticorrupción de Peña genera dudas entre intendentes

Hasta ahora, el Gobierno no aclaró si la Contraloría General de la República o la Procuraduría participarán en las jornadas de capacitación. Uno de los principales objetivos de la iniciativa es evitar que intendentes y concejales recurran a fondos públicos para pagar las deudas que dejaron las campañas electorales.

El problema preocupa porque numerosos candidatos financiaron sus campañas con préstamos de altos intereses, aportes privados e incluso hipotecas sobre sus propias viviendas. Ahora, con las elecciones generales y partidarias terminadas, muchos deben afrontar esos compromisos económicos.

Un jefe comunal reconoció a LPO que las deudas de campaña representan una presión importante para las nuevas autoridades. Aunque admitió que la advertencia del Gobierno tiene sentido, también cuestionó la corrupción que persiste en las instituciones.

“Es un tirón de orejas para los intendentes electos. Pero todo está corrompido. Existen maneras para no meter la mano en la lata si de lo que se trata es de pagar las deudas. Porque es cierto, tenemos que devolver la plata prestada”, afirmó.

Intendentes de Central, Misiones e Itapúa cuestionan la iniciativa

Desde municipios de Central y Misiones expresaron sus reservas sobre el alcance de las capacitaciones. Consideran que hablar de transparencia tiene poco efecto mientras la Justicia no actúe con firmeza frente a los casos de corrupción que involucran a dirigentes políticos influyentes.

Los jefes comunales sostienen que el Gobierno debería dar señales concretas contra la impunidad antes de impulsar jornadas de formación. También plantean que los dirigentes con causas penales abiertas queden al margen de estas actividades.

En Itapúa, uno de los intendentes electos incluso manifestó su alivio por no haber sido convocado a los primeros encuentros. Si bien reconoció que la propuesta podría resultar beneficiosa, puso en duda su efectividad mientras continúen sin resolverse casos judiciales conocidos.

“Me parece positivo, pero mientras personas como (Tomás) Olmedo y (Hernán Isidro) Rivas sigan libres, la corrupción va a seguir más fuerte que nunca”, declaró a LPO.

Sus declaraciones reflejan el descontento de un sector de las autoridades municipales, que ve una contradicción entre el discurso anticorrupción del Ejecutivo y la situación judicial de algunos referentes políticos.

Caso Samaniego aumenta los cuestionamientos al plan anticorrupción

Uno de los nombres que más críticas genera es el del diputado Esteban Samaniego. El legislador y su esposa, Patricia Corvalán, están imputados por presunta asociación criminal y administración en provecho propio, en una causa relacionada con supuestas irregularidades durante la gestión municipal de Quyquyhó, entre 2011 y 2017.

La investigación fiscal apunta a un presunto perjuicio patrimonial millonario. Según los antecedentes del caso, Samaniego habría favorecido irregularmente a empresas vinculadas a su entorno mediante operaciones con recursos municipales por unos G. 338.595.000.

La situación del legislador alimenta los cuestionamientos de los intendentes, que reclaman mayor coherencia a las autoridades encargadas de promover la transparencia en los municipios.

A pesar de las críticas, la Presidencia tiene previsto definir la próxima semana la fecha del taller de trabajo. La capacitación buscará ofrecer herramientas técnicas a las nuevas autoridades municipales para evitar errores administrativos, incumplimientos de las normas y posibles denuncias penales o fiscalizaciones de la Contraloría.

Por ahora, el principal desafío del Gobierno será convencer a los intendentes de que la iniciativa va más allá de una advertencia política y puede traducirse en medidas concretas para mejorar el manejo de los recursos públicos.

Fuente: LPO