Arresto domiciliario para la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán, y otros cinco procesados por dilatar la audiencia preliminar

La Justicia revocó la libertad ambulatoria de la jefa comunal tras detectar maniobras dilatorias sistemáticas que obstaculizaban el desarrollo de la audiencia preliminar.

El juez de garantías interino Osmar Legal ordenó el arresto domiciliario de Patricia Corvalán, intendenta de Quyquyhó. La medida también alcanza a Gloria Álvarez viuda de Samaniego y a otros cuatro acusados en una causa que investiga presuntos hechos de corrupción pública en el municipio del departamento de Paraguarí.

Con esta resolución, el magistrado revocó la libertad ambulatoria de los procesados, tras considerar que incurrieron en conductas claramente dilatorias. Según el Juzgado, los implicados habrían entorpecido de manera sistemática el avance del proceso y demostrado falta de voluntad para someterse a las convocatorias judiciales.

El juez sostuvo que los procesados hicieron un uso indebido de los beneficios otorgados por el sistema judicial. A criterio del magistrado, las medidas menos gravosas fueron utilizadas para evitar las comparecencias obligatorias, por lo que consideró necesario imponer restricciones más severas para garantizar el desarrollo del proceso penal.

¿Quiénes son los demás procesados con tobillera?

Los otros acusados afectados por la resolución son Ruth Mercedes Medina Yegros, Carlos Aurelio Bareiro Bogarín, Manuel Olazar Duarte y Andrés Alfredo Arrúa Brítez. Todos ellos, junto con Patricia Corvalán y Gloria Álvarez viuda de Samaniego, deberán cumplir arresto domiciliario bajo control de tobillera electrónica.

Durante la misma jornada, el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos también resolvió un punto clave de la causa. Los magistrados de la Segunda Sala rechazaron la recusación presentada por Gloria Álvarez viuda de Samaniego, madre del diputado Esteban Samaniego, contra el juez Osmar Legal.

Ratifican al magistrado ante planteamientos de la defensa

El tribunal de alzada concluyó que la accionante no presentó motivos suficientes para apartar al magistrado. Según la resolución, las causales invocadas por la defensa no contaban con sustento fáctico para separar al juez del caso.

De esta manera, la recusación fue desestimada y quedó ratificada la competencia de Osmar Legal. La decisión apunta a destrabar las suspensiones que venían postergando la audiencia preliminar.

La causa por presuntos desvíos de fondos públicos en Quyquyhó continúa bajo análisis de la Justicia. Con la confirmación del magistrado y la imposición del arresto domiciliario, el proceso deberá reanudarse, mientras los acusados permanecerán monitoreados mediante tobilleras electrónicas.

Fuente: PDS Digital

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