¿Cuáles son las cinco acusaciones contra Peña?
Un grupo de diputados presentó ante la Cámara Baja un libelo acusatorio para impulsar el juicio político al presidente Santiago Peña. El documento identifica cinco ejes relacionados con Ueno Bank, el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Banco Central del Paraguay (BCP). La acusación invoca el mal desempeño de funciones, contemplado en el artículo 225 de la Constitución Nacional.
La iniciativa, registrada bajo el expediente D-2696185, atribuye al mandatario presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos y privados. También cuestiona decisiones regulatorias que, según los legisladores, habrían favorecido al grupo empresarial Ueno. Los firmantes sostienen que estos hechos comprometen la administración estatal y la confianza en el sistema financiero.
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El primer eje señala un supuesto conflicto de intereses por las inversiones privadas declaradas por Peña. El documento menciona acciones por G. 6.144 millones en Ueno Holding, además de depósitos y bonos en empresas vinculadas. También cuestiona modificaciones legales sobre el paso de funcionarios entre entidades reguladoras y empresas privadas, junto con determinados nombramientos en el BCP.
Juicio político a Peña: fondos del IPS y controles del BCP
La segunda acusación apunta a la concentración de fondos jubilatorios del IPS en Ueno Bank. Según el libelo, las inversiones aumentaron un 3.035% y superaron los G. 2,2 billones. Los diputados sostienen que esta exposición sobrepasó el límite legal del 10% por emisor y fue facilitada por cambios internos.
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El tercer punto cuestiona la supervisión del BCP sobre los créditos otorgados por Ueno Bank a empresas relacionadas. El documento menciona operaciones por G. 743.784 millones, equivalentes a aproximadamente el 30% del patrimonio efectivo. Los legisladores alegan que se superó el límite permitido del 20% y que las autoridades regulatorias demoraron las medidas correctivas.
Patrimonio de Peña y riesgos para el sistema financiero
La cuarta causal aborda el crecimiento patrimonial del presidente. Según los datos citados, su patrimonio pasó de G. 1.351 millones en 2017 a G. 23.024 millones en 2023. Además, se cuestionan dos préstamos por G. 3.548 millones otorgados para financiar una vivienda en San Bernardino.
Finalmente, el quinto eje sostiene que la crisis de Ueno Bank afectó la confianza de los depositantes. Los diputados advierten sobre posibles consecuencias para la estabilidad financiera debido a la concentración de fondos públicos y las presuntas deficiencias de supervisión. Estas afirmaciones forman parte de la acusación legislativa y no constituyen hechos judicialmente comprobados.
El proyecto solicita que Diputados apruebe la acusación mediante una mayoría de dos tercios. Si obtiene los votos necesarios, el expediente será remitido a la Cámara de Senadores. Esa instancia tendrá la responsabilidad constitucional de juzgar al presidente y resolver sobre una eventual destitución.
Fuente: ABC Color
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