El escándalo del caso Metrobús adquiere un nuevo capítulo con la imposición de una fianza personal de G. 330 millones al exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona.
El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, dictaminó esta medida junto a otras restricciones que evidencian la seriedad de las imputaciones en contra del exministro.
[TRIBUNALES] El juez Humberto Otazú, expone entre sus argumentos para el otorgamiento de la libertad ambulatoria al exministro @JimenezGaona, la fianza personal impuesta por el juzgado de modo a garantizar su sometimiento al proceso por lesión de confianza en el fallido… pic.twitter.com/8Om5birD4o
— El Observador (@observapy) October 9, 2023
El proceso, en el que se le acusa a Gaona de presunta lesión de confianza, ha puesto en el foco la gestión de fondos y la supervisión de las obras del Metrobús. Además de la fianza, Gaona no podrá cambiar de domicilio sin autorización judicial, deberá firmar el libro de actas judiciales mensualmente, y en caso de viajar fuera del país, deberá notificar al juzgado sobre la duración de su ausencia.
Este caso ha resaltado las irregularidades en la administración de proyectos gubernamentales, con una inversión que asciende a USD 29 millones en una obra que enfrentó numerosos obstáculos, desde la falta de permisos hasta diseños de ingeniería no definitivos. La fiscal María Estefanía González, en su acta de imputación, detalló cómo la falta de supervisión y coordinación afectó gravemente la viabilidad y la culminación del proyecto Metrobús.
#Metrobus| Libertad ambulatoria para Ramón Jiménez Gaona, exministro de MOPC.
Juez fijó una fianza personal de G. 330 millones.#MóvilABC – @carlinortega
Whatsapp: https://t.co/jT2BxgKNF3#ABCTVPyhttps://t.co/ZvwJlbwdHn pic.twitter.com/eoHCpXP3Nt
— ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) October 9, 2023
Las restricciones impuestas también alcanzan a la exviceministra de Finanzas del MOPC, Marta Regina Benítez Morínigo, y al exgerente del Metrobús, Guillermo Alcides Alcaraz Reisenger, quienes enfrentan medidas alternativas a la prisión por los mismos cargos.
Además, el pasado abril, el juez Otazú ordenó un embargo sobre las cuentas bancarias de los implicados, sumando un total de G. 109.370.912.833, reflejando la magnitud del perjuicio patrimonial al Estado.
Fuente: ABC Color
