El Grupo Impulsor de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) solicitó al presidente Santiago Peña que vete en su totalidad la ley conocida como “garrote”, sancionada recientemente en el Congreso con el apoyo mayoritario del cartismo. Según los representantes de las OSC, la normativa pone en grave riesgo los pilares democráticos del país, así como la posibilidad de obtener el grado de inversión.
Dante Leguizamón, secretario Ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), explicó que la ley impacta negativamente sobre derechos fundamentales como la libertad de asociación, la participación ciudadana y la libertad de expresión. “Ataca directamente las bases constitucionales de nuestro país. Paraguay es una democracia participativa y pluralista, y esta ley atenta contra esos principios”, declaró Leguizamón en conversación con NPY.
Las OSC instan a Peña a vetar la ley y a promover una mesa de trabajo en la que se discuta la normativa vigente. Leguizamón argumentó que ya existen leyes suficientes para transparentar las operaciones de las organizaciones, y que esta nueva ley solo duplica o triplica los mecanismos de control, lo que generaría una burocracia innecesaria.
"NO QUEREMOS QUE PARAGUAY SE CONVIERTA EN UN ESTADO TOTALITARIO" |
➡️Codehupy solicitará el veto total de la Ley de control a las ONG atendiendo que es inconstitucional, mencionó Dante Leguizamón.
Por su parte Marta Ferrara, de Semillas por la Democracia, manifestó que de… pic.twitter.com/HRIBHwLZkB
— Radio 780 AM (@780AM) October 10, 2024
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Además, denunció que detrás de la medida existe una intención clara de la Comisión Bicameral de Investigación para perseguir y estigmatizar tanto a las organizaciones como a sus miembros, mediante campañas de desprestigio.
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Marta Ferrada, de Semillas para la Democracia, otra organización que ha sido fuertemente cuestionada por el cartismo, señaló que la ley discrimina al hacer distinciones entre qué organizaciones estarán sujetas a la normativa y cuáles no, violando así el principio de igualdad ante la ley. “Algunos van a ser investigados y otros no. Eso es una clara discriminación”, señaló Ferrada.
Criticó además que sectores vinculados al crimen organizado y al lavado de dinero podrían quedar exentos de los controles que la ley impone, mientras las OSC que trabajan en defensa de derechos y promoción de la democracia serían las más afectadas por la nueva normativa.
Fuente: Última Hora
