El diputado Jatar Fernández protagonizó nuevamente hechos de violencia verbal y altercados dentro del recinto parlamentario, lo que derivó en la suspensión de la sesión ordinaria y de una sesión extraordinaria convocada posteriormente. Su comportamiento generó rechazo entre varios legisladores, especialmente de la oposición, y ha reavivado cuestionamientos sobre su rol dentro del Congreso Nacional.
Entre las voces críticas más firmes se encuentra la senadora Celeste Amarilla, quien señaló que el accionar del diputado habría sido deliberado para evitar el tratamiento del veto presidencial al proyecto que propone una pensión para personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad. Según la legisladora, el episodio habría sido funcional para que el bloque oficialista no asuma un costo político directo votando en contra del beneficio social.
Amarilla calificó a Jatar Fernández como un actor político que no representa los valores que deberían regir en el Parlamento. Cuestionó su procedencia dentro de la lista encabezada por Payo Cubas y expresó que su perfil es más cercano al de un barra brava que al de un legislador. Sostuvo que su comportamiento repetitivo compromete la imagen institucional del Congreso y contribuye al desprestigio acumulado del Poder Legislativo.
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Durante sus declaraciones, la senadora hizo énfasis en que el Parlamento no debe ser espacio de representación para sectores que promueven la intolerancia o la violencia. Afirmó que el caso de Fernández es emblemático de un modelo de representación política que surge de discursos radicalizados, sin compromiso con las normas mínimas de convivencia democrática.
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Consultada sobre la posibilidad de aplicar sanciones, Celeste Amarilla respondió que el diputado debe ser apartado del cuerpo legislativo. Argumentó que la permanencia de figuras como Fernández debilita la credibilidad del Congreso ante la ciudadanía y normaliza conductas impropias para un espacio de deliberación pública.
La crítica se dirige también al cartismo, por haber aprovechado el altercado como excusa para no enfrentar la votación. Según Amarilla, esto revela una estrategia coordinada para eludir el costo de rechazar una demanda social ampliamente respaldada.
Fuente: ABC Color
