La Cámara de Diputados prevé dar media sanción este miércoles al proyecto de ley de protección de datos personales, impulsado por el bloque oficialista liderado por la Asociación Nacional Republicana (ANR-HC). El diputado cartista César Cerini confirmó que el documento será aprobado, tras sucesivas modificaciones introducidas a lo largo del tratamiento en comisiones.
Cerini argumentó que el tratamiento prolongado del proyecto permitió introducir cambios que garantizarán mayor seguridad a la ciudadanía y atraerán inversiones extranjeras, considerando que la existencia de una normativa sobre protección de datos es un requisito exigido por múltiples organismos internacionales y empresas tecnológicas.
Según el legislador, actualmente no existen normas que protejan adecuadamente la información personal de los ciudadanos, lo que deja en situación de vulnerabilidad a los usuarios frente a abusos por parte de entidades públicas o privadas.
El proyecto de ley busca establecer una regulación general sobre el uso y tratamiento de datos personales, desde información básica como nombres, firmas e imágenes, hasta datos biométricos y de navegación en internet. Sin embargo, varios sectores cuestionan el texto final que será debatido, al considerar que se aparta significativamente del borrador consensuado inicialmente con expertos del ámbito tecnológico, jurídico y académico.
Durante una audiencia pública realizada el 14 de abril, representantes de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), especialistas en ciberseguridad y organizaciones civiles denunciaron la falta de claridad sobre cuál versión del proyecto será considerada. Esta sería la sexta versión del texto desde su introducción.
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Uno de los puntos más criticados es que la normativa otorga amplias facultades al Poder Ejecutivo, dejando buena parte de la reglamentación posterior a criterio del gobierno, sin controles parlamentarios claros.
Los reclamos también apuntan a la escasa inclusión de recomendaciones técnicas internacionales, como las establecidas en el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea, y a la ausencia de una autoridad de protección de datos independiente. La regulación, tal como está redactada, permitiría al Ejecutivo definir los mecanismos de control, fiscalización y sanción sin participación ciudadana o parlamentaria.
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En este contexto, organizaciones defensoras de derechos digitales exigen postergar el tratamiento del proyecto hasta lograr una versión final verdaderamente consensuada. También piden abrir espacios de consulta con especialistas y actores de la sociedad civil para asegurar que la futura ley resguarde adecuadamente los derechos a la privacidad y la libertad informativa.
Fuente: ABC Color
