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Víctima de la mafia de los pagarés: “Me estaban por matar con un pagaré que ya pagué”

El caso de Reino Vera revela cómo operan estructuras que duplican cobros con pagarés incompletos, amparados por vacíos legales.

Foto: Gentileza.

“Me estaban por matar con un pagaré que ya pagué”, denunció Reino Salvador Vera, docente jubilado del departamento de Concepción, víctima de una de las prácticas más extendidas y peligrosas en el sistema financiero paralelo: la mafia de los pagarés. Su historia reaviva el debate sobre el descontrol legal que rodea a este mecanismo en el país.

La Comisión Especial del Senado, presidida por el senador Rafael Filizzola, expuso su caso durante una sesión reciente. Según relataron, Vera accedió a un préstamo de G. 10 millones a través de una presunta asociación de San Lorenzo. Como condición, le exigieron firmar un pagaré en blanco, que luego fue completado por G. 22 millones, más del doble de lo solicitado.

Durante tres años, Vera pagó religiosamente las cuotas del préstamo. Sin embargo, tras cumplir con el compromiso, fue citado por el Juzgado de Paz de Santaní a reconocer su firma en otro pagaré, esta vez por G. 22.500.000. La demanda fue presentada por Credidiemar S.A., empresa que volvió a reclamar un monto ya abonado, bajo amenaza de juicio ejecutivo.

Gracias a la intervención de la Defensa Pública se logró frenar el proceso judicial, pero el perjuicio económico y emocional ya estaba consumado. “Nosotros los docentes somos famosos porque no leemos lo que firmamos. Solo queremos cumplir y confiamos”, lamentó el afectado.

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El caso de Vera no es aislado. La comisión senatorial ya recepcionó más de 4.000 denuncias similares que involucran a asociaciones, financieras y estudios jurídicos que utilizan pagarés incompletos para montar un circuito de cobro abusivo. Entre las maniobras más comunes están el llenado posterior de los documentos, embargos sin notificación previa y la imposibilidad de defensa sin asistencia legal.

La senadora Celeste Amarilla criticó la falta de reacción institucional ante este esquema de estafas sistemáticas. “Esto no es función del Senado, pero alguien tiene que ocuparse”, expresó, señalando que la comisión está asumiendo un rol que debería corresponder a otras dependencias del Estado.

Fuente: ABC Color