La Junta Municipal de Asunción solicitó este miércoles informes detallados sobre pagos realizados durante la administración del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez a tres acreedores de Empo Ltda., por un total de G. 16.870 millones. Los desembolsos, cuestionados por su legalidad, se habrían ejecutado con fondos provenientes de los bonos G8.
El concejal Álvaro Grau presentó el pedido de informe, aprobado por unanimidad, e incluyó una solicitud para convocar a los actuales directores de Asuntos Jurídicos y de Administración y Finanzas. El objetivo es esclarecer las condiciones en que se autorizaron los pagos, especialmente considerando que Empo Ltda. tenía el RUC bloqueado por deudas tributarias.
Según consta en actas, en marzo de 2023, representantes de Empo realizaron cesiones de crédito por los montos reclamados ante escribanía. Estos fueron transferidos a Platina SA, Universo Créditos y Consumo SA, y a Agustín Encina Pérez, actual director de Contrataciones Públicas. En mayo del mismo año, mediante la resolución 541, el entonces intendente Rodríguez autorizó los pagos.
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Para Grau, estos movimientos representan una maniobra para evadir obligaciones fiscales, ya que una empresa con RUC bloqueado no puede recibir pagos públicos ni ceder créditos legalmente. Por ello, exigió aclaraciones sobre si se solicitó el certificado de cumplimiento tributario y qué dictámenes técnicos respaldaron la operación.
El concejal también cuestionó el trato preferencial dado a Empo, recordando antecedentes similares de cesión de derechos en 2018, cuando la empresa también se encontraba inhabilitada por la SET. Pese a la suspensión inicial de pagos, la Junta revocó esa medida, lo que motivó una denuncia penal que terminó en sobreseimiento.
El informe de la reciente intervención municipal, elaborado por Carlos Pereira, sostiene que los pagos a los acreedores de Empo se realizaron con dinero de los bonos G8, recursos destinados exclusivamente a obras. El desvío de G. 512.000 millones también incluyó gastos de salarios, transferencias irregulares y presunto uso de bienes municipales para fines electorales.
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Entre las observaciones figura el presunto uso de vehículos, personal y recursos públicos para apoyar la candidatura de la senadora Lizarella Valiente, esposa del exintendente. Asimismo, se señala un patrón de aumento de gastos coincidentes con eventos proselitistas.
Rodríguez renunció al cargo el 22 de agosto, horas antes de la presentación del informe final de la intervención. Actualmente enfrenta múltiples procesos judiciales, entre ellos una acusación formal por lesión de confianza en la causa conocida como “detergentes de oro”, además de investigaciones por presuntas irregularidades durante su gestión.
La Junta espera respuestas documentadas de la Intendencia en los próximos días. El tratamiento político y jurídico del caso podría generar nuevos procesos e incluso derivar en acciones penales según el curso de la investigación.
Fuente: ABC Color
