El Congreso de Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte tras declararla en “permanente incapacidad moral”. La decisión se tomó en la madrugada del viernes, luego de intensas deliberaciones en el Parlamento.
La moción recibió 118 votos a favor, superando ampliamente los 87 necesarios para concretar la destitución. La medida responde a acusaciones relacionadas con el auge del crimen organizado y presuntas irregularidades durante su gestión.
Boluarte asumió el poder en diciembre de 2022, tras la caída del entonces presidente Pedro Castillo. Su salida marca otro episodio de inestabilidad institucional en el país andino.
Una sesión marcada por la ausencia presidencial
El Congreso convocó a Boluarte para que ejerza su defensa, pero la mandataria no acudió. El presidente del Parlamento, José Jerí, informó que se proseguiría con el proceso pese a su inasistencia.
Aunque se había previsto un debate de dos horas, el Pleno decidió votar de inmediato. La sesión avanzó con el respaldo de todas las bancadas mayoritarias, incluidas las que antes sostenían al Ejecutivo.
Con la votación finalizada, Jerí anunció la vacancia presidencial y asumió interinamente el mando de la República, en medio de una situación institucional crítica.
#ATENCIÓN | José Jerí asumió como presidente interino de Perú tras la destitución de Dina Boluarte. Juró el cargo hasta julio de 2026, cuando se realizarán elecciones generales. Su trayectoria política ha sido polémica, marcada por denuncias de presunto abuso sexual,… pic.twitter.com/l7WvoesUeu
— Visionarias (@visionariasec) October 10, 2025
Defensa y reacción del entorno presidencial
El abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, cuestionó la rapidez del proceso. Sostuvo que se vulneró el derecho a la defensa y que la presidenta no convalidará la decisión parlamentaria.
Afirmó que el Congreso renunció a garantizar un debido proceso y que la destitución carece de legitimidad. Sin embargo, el Legislativo defendió su accionar, alegando que se cumplieron los requisitos constitucionales.
Boluarte emitió luego un mensaje junto a su Gabinete, reivindicando su gestión y señalando los avances logrados en seguridad y programas sociales.
Un proceso político sin precedentes recientes
El trámite se desarrolló con rapidez. Las cuatro mociones de vacancia, impulsadas por distintos partidos, fueron debatidas y aprobadas en una sola jornada.
Entre los fundamentos, los legisladores señalaron la crisis de inseguridad, el manejo de las protestas sociales y las denuncias por presunta corrupción.
La sesión culminó con la juramentación de José Jerí como presidente interino, tras un breve acto en el hemiciclo, mientras la transmisión oficial de la Presidencia era interrumpida.
Contexto y coaliciones que cambiaron de postura
Boluarte había llegado al poder respaldada por las fuerzas de derecha y centro-derecha, que ahora apoyaron su salida. Entre ellas, Renovación Popular, Podemos Perú y Alianza Para el Progreso.
Los mismos sectores que en 2022 facilitaron su ascenso tras la destitución de Castillo fueron quienes impulsaron la nueva vacancia.
La pérdida de apoyo político y la creciente impopularidad de su gobierno, que apenas alcanzaba el 3 % de aprobación, sellaron su destino político.
Los argumentos de la oposición parlamentaria
Durante el debate, la congresista Susel Paredes fundamentó una de las mociones acusando a Boluarte de abandono de cargo, omisión de declaraciones patrimoniales y responsabilidad en las muertes de manifestantes.
Las mociones también se sustentaron en recientes hechos de violencia, como el tiroteo contra una banda de cumbia, que reflejaría la expansión del crimen organizado.
Los bloques progresistas y conservadores coincidieron en señalar que la gestión de Boluarte no logró responder a los desafíos de seguridad y gobernabilidad.
De Pedro Castillo a Boluarte: un patrón de inestabilidad
Con la salida de Boluarte, Perú suma seis presidentes en menos de siete años. La figura de “incapacidad moral” volvió a ser el instrumento político decisivo para remover mandatarios.
El precedente inmediato fue el de Pedro Castillo, destituido en 2022 bajo los mismos argumentos, lo que demuestra la fragilidad del sistema político peruano.
La situación recuerda al debate recurrente en otros países de la región, incluido Paraguay, donde el juicio político se mantiene como un mecanismo legal, aunque de alto costo político.
| Dina Boluarte se pronunció ante el país luego de que el Congreso del Perú aprobara en la madrugada de este viernes su destitución por “permanente incapacidad moral”. En su mensaje, la ahora expresidenta respondió a la decisión del Parlamento y se refirió a la situación… pic.twitter.com/6My8NYlILK
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Lecciones para la región y paralelos con Paraguay
El caso peruano expone la tensión entre los poderes del Estado y el uso político de los mecanismos de control constitucional. En Paraguay, las experiencias de destitución presidencial también marcaron momentos de crisis institucional.
La destitución de Boluarte muestra cómo los juicios políticos, aunque constitucionales, pueden derivar en crisis de legitimidad cuando se aplican en contextos de confrontación política.
El desenlace en Lima reabre el debate regional sobre la estabilidad democrática y la necesidad de fortalecer los equilibrios institucionales para evitar un ciclo constante de rupturas políticas.
Fuente: Clarín
