Agentes de la INTERPOL detuvieron este martes 14 de octubre a Cristino Jara López, de 83 años, acusado de liderar un esquema de facturación falsa que habría causado un perjuicio multimillonario al Estado. La detención se realizó en la ciudad de Itá, tras una notificación roja emitida en julio por orden judicial.
El operativo estuvo a cargo de la Dirección de Orden y Seguridad, que actuó bajo requerimiento del juzgado especializado. El caso forma parte de una investigación abierta sobre una presunta red de corrupción y fraude documental que operaba en distintos municipios del país.
Detienen al «superproveedor» del esquema de facturas falsas
♦️ Se trata de Cristino Jara López, de 83 años, quien contaba con ordenes de captura nacional e internacional por producción de documentos no auténticos.
♦️ Según refieren agentes de la Interpol, en su esquema, se… pic.twitter.com/KTFKozBpbj
— NPY Oficial (@npyoficial) October 14, 2025
El fraude detrás de las facturas
Según los informes policiales, Jara utilizó facturas apócrifas para adjudicarse alrededor de 300 contratos públicos. Las operaciones habrían generado un daño patrimonial estimado en G. 57.000 millones, afectando a varias gobernaciones y municipios del interior.
El detenido figura como responsable de una supuesta empresa familiar, utilizada para emitir documentos falsos que respaldaban adquisiciones de bienes y servicios inexistentes. La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) ya había detectado irregularidades en 2021, cuando cruzó datos de proveedores estatales y comprobantes fiscales.
Las autoridades califican el caso como uno de los mayores fraudes administrativos detectados en los últimos años.
Sospechas de red operativa
La vivienda de Jara, ubicada en un barrio residencial de Itá, no reflejaba el volumen de dinero que movían las operaciones investigadas. Este detalle llevó a los investigadores a sospechar que el acusado podría haber actuado en nombre de otras personas o bajo coacción.
Los agentes no descartan que existan funcionarios públicos implicados en el uso de la empresa como fachada para justificar compras y servicios ficticios. Las evidencias apuntan a una estructura que habría funcionado durante varios años sin ser detectada.
Investigación en curso
El comisario Juan Fretes confirmó que la investigación sigue abierta y que el caso fue declarado prioritario por la magnitud del daño al erario público. La Policía busca determinar el rol de cada participante y la ruta del dinero obtenido mediante las facturas falsas.
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Hasta el momento, se desconoce con precisión qué bienes o servicios eran objeto de los contratos fraudulentos. Las autoridades se encuentran revisando registros administrativos y bancarios que podrían revelar el destino final de los fondos.
Cristino Jara fue puesto a disposición del Ministerio Público y permanece bajo custodia mientras avanza la causa. Los investigadores prevén nuevas detenciones en los próximos días.
Fuente: NPY
