El Ministerio Público apeló la resolución judicial que sobreseyó de forma definitiva al senador Hernán Rivas Román en la causa por producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso. La medida fue dictada por el juez penal de garantías Miguel Palacios, quien declaró la prescripción del proceso.
Las fiscales Patricia Sánchez y Luz Guerrero, encargadas del caso, sostienen que el magistrado cometió un “error de juicio” al calcular los plazos de prescripción de manera errónea. Según la apelación, el juez tomó como punto de referencia los títulos universitarios y certificados de estudios del parlamentario, emitidos por una universidad privada, cuando en realidad estos documentos no constituyen el núcleo del hecho punible investigado.
La acusación del Ministerio Público se centra en tres actos públicos que derivaron del uso de esos documentos: su designación como representante de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) el 3 de julio de 2020, su matriculación y juramento como abogado ante la Corte Suprema de Justicia el 7 de julio de 2021, y su designación como representante del Senado ante el JEM el 6 de julio de 2023.
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De acuerdo con la Fiscalía, la prescripción no operó, ya que la imputación fue presentada el 18 de enero de 2024, dentro del plazo legal de tres años que establece el Código Penal. Por ello, las fiscalas piden que el tribunal de apelación revise y revoque la decisión del juez Palacios, para permitir que el caso continúe hacia juicio oral y público.
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El recurso presentado busca además que el tribunal reincorpore el tipo penal de producción mediata de documento público falso (art. 251 del Código Penal) junto con el de uso de documento falso (art. 252), ambos excluidos en la resolución apelada. El Ministerio Público advierte que la exclusión de estos delitos limita el análisis judicial y puede generar un riesgo de impunidad.
En su escrito, las fiscalas subrayan que la resolución causa un “perjuicio concreto y real” al impedir el debate sobre los hechos acusados. Con la apelación, el Ministerio Público busca restablecer la continuidad del proceso penal y asegurar que los actos públicos realizados con base en documentos falsos sean examinados conforme a la ley.
Fuente: ABC Color
