Entre 2021 y 2024 el gasto del Estado paraguayo en alquiler de edificios y locales se mantuvo elevado. La trayectoria luce estable, con un crecimiento leve condicionado por registros ausentes en varias dependencias. El resultado dibuja una continuidad que tensiona el objetivo de eficiencia.
El Poder Ejecutivo concentra la mayor parte de los desembolsos. En 2024 destinó G. 92.907 millones a alquileres, cerca del 50% del total nacional. Aunque su participación bajó desde el 52,8% de 2021, el patrón de concentración se mantiene.
Esta persistencia ocurre pese a la inversión aproximada de USD 100 millones en las oficinas de Gobierno. El dato sugiere que no existe todavía una estrategia integral para usar inmuebles propios o reubicar dependencias. El costo fijo por arrendamientos se mantiene en un contexto de restricciones fiscales.
El bloque de entidades financieras oficiales destaca por su expansión de gasto. Pasó de G. 13.690 millones en 2021 a G. 21.704 millones en 2024, equivalente al 10,8% del total. Más allá de la operatividad, el aumento plantea interrogantes sobre la planificación de sedes y la transición hacia patrimonio propio.
Los entes autónomos y autárquicos incrementaron su peso en el total, del 7,1% al 10%. El movimiento refleja expansión institucional, pero también fragmentación en decisiones de infraestructura. Sin coordinación, cada organismo gestiona necesidades edilicias de manera aislada.
Las universidades nacionales y las entidades de seguridad social muestran subas similares, en torno al 1,6% y 1,7%. El crecimiento agrega presión a las partidas corrientes. Sin un esquema de espacios compartidos o consolidación de sedes, el gasto tiende a perpetuarse.
La Contraloría General de la República y el Poder Legislativo mantienen participaciones marginales. Con 0,5% y 0,4%, respectivamente, su comportamiento permanece estable. No se observan variaciones relevantes en el período.
El Poder Judicial solo registra datos de 2021, cuando ejecutó G. 45.013 millones. La ausencia de series comparables limita el análisis de tendencia. Aun así, la cifra inicial confirma el peso estructural del rubro en ese órgano.
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En conjunto, el panorama revela montos elevados y sostenidos en alquileres, pese a discursos de austeridad. La falta de registros en algunas dependencias impide medir con precisión el crecimiento nominal. Sin embargo, la persistencia del gasto cuestiona la gestión estratégica del portafolio inmobiliario público.
Desde la óptica económica, hay un costo de oportunidad claro. Cada guaraní orientado a alquileres no financia infraestructura, educación o salud. Un plan de reasignación hacia inmuebles estatales podría generar ahorros relevantes y previsibilidad para las finanzas públicas.
Fuente: ABC Color
