Detienen a dueña de hogar de adultos mayores en Capiatá

Agentes del Departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional detuvieron este martes a la Licenciada Sara Andrea Irala Zárate. La mujer ejercía como administradora de un hogar de adultos mayores en Capiatá. La intervención se realizó en la residencia denominada “El Balcón de la Luna”, situada específicamente en la zona de Yvyraró. Este operativo policial-fiscal responde a una grave denuncia por supuesto vaciamiento de cuentas bancarias pertenecientes a un residente.

El procedimiento fue liderado por el fiscal Gerardo Chamorro y resultó en la captura inmediata de la sospechosa. Irala enfrenta cargos por estafa y manipulación de fondos económicos. La investigación es de suma relevancia para la justicia paraguaya por afectar a personas en situación de vulnerabilidad extrema. Los intervinientes actuaron rápidamente tras recibir reportes sobre movimientos financieros irregulares. El Banco Nacional de Fomento (BNF) fue la institución que detectó las anomalías iniciales en las transacciones.

La pesquisa penal se originó cuando funcionarios del BNF notaron conductas sospechosas por parte de la ahora detenida. Sara Irala intentó gestionar un PIN transaccional para extraer la suma de G. 50 millones de guaraníes. Esta cuenta pertenecía a un adulto mayor que había fallecido pocos días antes en un centro asistencial. Los empleados de la entidad bancaria activaron los protocolos de seguridad al constatar el deceso del titular. Esta acción impidió que la administradora concretara el retiro total del dinero acumulado.

Millonario desfalco en el hogar de adultos mayores en Capiatá

Durante las diligencias preliminares, peritos informáticos de la fiscalía analizaron los movimientos previos de la cuenta afectada. Los expertos detectaron que la mujer ya había realizado diez extracciones anteriores de forma sistemática. Cada retiro era por un monto exacto de G. 1.500.000 guaraníes. Estas operaciones fraudulentas totalizaron un desfalco inicial de G. 15 millones de guaraníes en perjuicio del fallecido. La administradora aprovechaba su posición de confianza para acceder a los recursos financieros del residente sin ninguna autorización legal.

SOBRE PRESUNTO DESFALCO A ABUELITOS EN HOGAR DE CAPIATÁ

Detienen a administradora de hogar de adultos mayores. Según Dpto contra el Crimen Organizado, manejaba tarjetas y cuentas bancarias de residentes. La denuncia surgió al intentar retirar 50 millones de un abuelo fallecido. pic.twitter.com/xxPvro2JqU

— Gustavo (@gustavo_RRR) May 12, 2026

El fiscal Gerardo Chamorro detalló que la imputada intentaba justificar estos millonarios retiros ante las instituciones. Según su versión, los fondos eran destinados exclusivamente a cubrir los gastos de manutención del anciano. Sin embargo, las declaraciones testificales de los familiares del afectado desmintieron categóricamente esta afirmación. Los parientes demostraron con comprobantes que ellos pagaban mensualmente todas las cuotas del hogar. También se hacían cargo de forma independiente de cualquier gasto médico o personal del abuelo.

La investigación reveló además un esquema de aislamiento contra el residente para ocultar las maniobras financieras. Los familiares denunciaron ante el Ministerio Público que la administración imponía trabas constantes para las visitas. La mujer inventaba diversos obstáculos materiales para evitar que los parientes mantuvieran contacto directo con el anciano. Se presume que esta estrategia buscaba prevenir que la víctima alertara sobre el manejo irregular de su dinero. Estas acciones agravan la situación procesal de la detenida por el maltrato psicológico implícito.

Ausencia total de registros oficiales y médicos

Un hallazgo alarmante durante el allanamiento fue la carencia absoluta de documentación legal en el establecimiento. La comitiva fiscal-policial constató que el hogar no poseía un solo legajo oficial de los residentes. Tampoco se encontraron historiales médicos ni registros de enfermería que avalen la atención brindada a los abuelos. Esta falta de registros oficiales constituye una violación directa a las normas sanitarias de funcionamiento. El establecimiento operaba bajo una informalidad peligrosa que facilitaba la ejecución de delitos patrimoniales.

El afectado residía en el local desde el año 2023, pero no figuraba en ningún archivo administrativo. La falta de control estatal permitió que Sara Andrea Irala Zárate operara sin supervisión durante varios meses. Actualmente, la sospechosa se encuentra a disposición de las autoridades competentes para su declaración indagatoria. El Ministerio Público continúa recolectando evidencias para determinar si existen otras víctimas dentro de la residencia. Este caso pone en alerta a la ciudadanía sobre la seguridad en los albergues privados.

Fuente: ABC Color