Gianina García Troche, procesada por presunto lavado de activos en el Caso A Ultranza, recusó este martes a la jueza Rosarito Montanía. El abogado Luis Samaniego, quien ejerce la defensa, solicitó que la magistrada sea apartada de la causa. El planteamiento se fundamenta en el Artículo 50 del Código Procesal Penal (CPP).
La defensa argumenta la existencia de “enemistad, odio o resentimiento” y “parcialidad manifiesta”. Estos factores derivan de lo que consideran “múltiples providencias arbitrarias, de carácter represivo, infundado y contrario a la ley”.
La defensa de Gianina García enumeró cuatro situaciones para fundamentar la recusación. Entre ellas, Samaniego consideró “arbitraria” la medida disciplinaria impuesta por la magistrada. Esta sanción se dio luego de que García Troche destruyera cámaras de circuito cerrado de Viñas Cué.
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El defensor afirmó que la jueza usó la sanción como “represalia”. Además, la defensa tuvo que cargar con la “imposición aberrante de reparación de supuestos daños al penal”. La defensa sostuvo que las resoluciones dictadas por Montanía constituyen un “patrón sostenido de animosidad y hostilidad”.
La jueza Rosarito Montanía había impuesto sanciones a García Troche por dos eventos ocurridos el 30 de noviembre. La mujer destruyó varias cámaras de circuito cerrado en el perímetro de su lugar de reclusión, utilizando un palo de escoba.
Posteriormente, la uruguaya amenazó con quitarse la vida al sostener un objeto contundente a la altura del cuello, exigiendo una inspección médica. Debido a este comportamiento, la jueza intimó a la defensa a reponer las cámaras de vigilancia en cinco días. Además, dictó la prohibición de visitas familiares por cinco días corridos.
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El abogado Luis Samaniego señaló que la jueza Montanía actúa con “resentimiento personal” y “pérdida total de imparcialidad”. Calificó las resoluciones como “irracional”, “hostil” y “vengativo”.
Además de los señalamientos, la defensa advirtió que se reserva accionar contra la jueza Montanía. El abogado mencionó denuncias por abuso de autoridad y una acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Tampoco se descartaron las instancias internacionales por presunta violación de derechos humanos.
La uruguaya había solicitado previamente su libertad inmediata mediante la figura de la resolución ficta. Dicho planteamiento fue rechazado por el juez interino Osmar Legal.
La jueza Montanía también rechazó el incidente de cambio de calificación, señalando que la misma es provisoria. La magistrada indicó que esta cuestión se analiza en la audiencia preliminar, la cual aún está lejos de realizarse.
Fuente: ABC Color
