El ministro de Educación, Luis Ramírez, defendió la adjudicación de materiales educativos por G. 49.904 millones (USD 7,3 millones). La compra fue adjudicada por Itaipú, mediante un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). La firma ganadora fue Atlas Representaciones S.A., dirigida por Fernando Moreira.
Además, Atlas está vinculada al entorno presidencial por la relación familiar mencionada en la denuncia pública. Fernando Moreira está casado con Silvia “Chichi” Gadea Villate. Ella es prima cercana de la Primera Dama, Leticia Ocampos Villate, y del presidente Santiago Peña. Ese vínculo quedó instalado como eje del cuestionamiento político.
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Por otra parte, el proceso fue denunciado por más de 40 empresas del sector editorial. Las firmas están agremiadas en la Capel, la CLAP y la Academia de Lengua Guaraní. Ellas hablan de indicios de favoritismo y direccionamiento desde el inicio. También esperan una respuesta oficial del MEC, que elaboró el pliego.
Sin embargo, Ramírez sostuvo que el llamado no debe leerse como compra de “libros” en sentido clásico. Afirmó que se trata de impresión de materiales, cuadernillos y recursos pedagógicos. Dijo que el contenido fue preparado por un equipo técnico del ministerio. Por lo tanto, defendió que el objeto de la licitación es productivo y no editorial.
Además, el pliego elaborado por el MEC incluyó un requisito que generó el mayor choque con el gremio. Se exigió la norma ISO 9001:2015. Las editoriales lo calificaron como condición “excluyente”. Sostienen que solo una empresa cumple ese estándar, y que sería Atlas.
Asimismo, los denunciantes cuestionaron el diseño del proceso en un solo lote. Señalan que la magnitud del reparto sería de unos 17 millones de ejemplares. Afirman que el esquema favorece a un único adjudicatario. Ese punto fue presentado como otro indicio de direccionamiento.
También remarcan falta de claridad sobre el alcance real del pedido. Dicen que no se entiende si son materiales ya impresos o a elaborar. En esa línea, mencionan plazos que consideran demasiado breves. Sostienen que eso restringe la libre concurrencia. Por lo tanto, mantienen el reclamo sobre el llamado.
En respuesta, Ramírez derivó la discusión de un eventual direccionamiento hacia otras instancias del proceso. Dijo que ese punto debe consultarse al equipo de evaluación o a la OEI. Además, respondió al gremio que “los libreros se equivocaron”. Planteó que una librería no compite en impresión. Con eso, buscó desacreditar la premisa de exclusión.
Además, el ministro aseguró que las imprentas “pudieron participar todas”. Indicó que la restricción sería real solo si se eliminó a una empresa por un motivo específico. Según su versión, eso no ocurrió. También sostuvo que hay confusión entre rubros. Por lo tanto, insistió en la diferencia entre impresión y venta editorial.
Por otra parte, Ramírez justificó la exigencia ISO con un argumento de capacidad operativa. Dijo que habló con la “Unión Industrial” sobre ese requisito. Afirmó que se debe evitar la participación de empresas sin preparación. También citó riesgos de incumplimiento y demoras de entrega. En ese marco, defendió el estándar como filtro técnico.
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Además, el artículo menciona el rol de Fernando Moreira en otras gestiones ligadas al entorno presidencial. Moreira y Silvia Gadea aparecen en mensajes de Luz Maribel Candado, excoordinadora del Gabinete Civil. Algunos chats muestran que Moreira compraba carne, bebidas y otros alimentos. Se menciona la residencia presidencial y la casa de verano en San Bernardino.
Asimismo, se consigna que facturas de esas compras fueron confeccionadas a nombre de Fernando Moreira. Se cita un comprobante del 16 de abril de 2025 por G. 1.776.250. Allí figuran tapa cuadril y asado de tira premium.
Fuente: ABC Color
