Hugo Javier Portillo Sosa denunció penalmente al Mitic. La acción señala un presunto desvío de fondos públicos. Se habrían financiado campañas de hostigamiento digital con dinero estatal. Portillo Sosa actuó con el patrocinio de Cecilia Pérez y Ezequiel Santagada. La denuncia fue radicada ante la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía. Este caso se denomina “La Red Desinformante”.
El esquema describe la supuesta triangulación de recursos estatales. Estos fondos estaban destinados originalmente a programas sociales estratégicos. Entre ellos figuran “Hambre Cero”, “Che Róga Porã” y el “Plan SUMAR”. El escrito fiscal sostiene que estos proyectos sirvieron como una fachada. Se habría costeado el ataque contra críticos de la gestión gubernamental paraguaya. La denuncia revela el uso de dinero público para estigmatizar opositores.
La acusación se basa en vínculos con la agencia Digimarketing SAS. Esta firma colombiana sería el nexo con la página “Despierta Paraguay”. Se sospecha que el 74% de la pauta en Google Ads financió desprestigio. El resto correspondía a la publicidad real de los programas sociales. De este modo, los beneficios estatales financiaron el acoso digital sistemático. Los ataques apuntaron a la prensa independiente y a periodistas específicos.
#ALaGran730 Piden apertura de investigación penal sobre «Red Desinformante» que vincularía a MITIC y a «Digimarketing»
«No es una denuncia dirigida. Es, simplemente, una exposición de hechos que podrían tener relevancia penal y podrían constituir en una serie de hechos… pic.twitter.com/FOpIJsr5cF
— ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) May 6, 2026
¿Hubo desvío de dinero público para ataques digitales?
El abogado Ezequiel Santagada solicitó una investigación exhaustiva sobre estos hechos. A su criterio, los sucesos tienen una clara relevancia penal. Se trataría básicamente de un desvío ilegal de dinero público paraguayo. Santagada aclaró que no se pretende censurar a ninguna voz ciudadana. El pedido busca determinar si existió una malversación de activos estatales. “Se está pidiendo que se investigue si hubo desvío de dinero público para estigmatizar a personas”, declaró. Esta estigmatización afectaría principalmente a quienes critican la actual gestión del Gobierno.
“Se está pidiendo que se investigue si hubo desvío de dinero público para estigmatizar a personas”, declaró.
Los delitos denunciados incluyen lesión de confianza por el uso indebido de fondos presupuestarios. También se menciona el presunto cobro indebido de honorarios en el Estado. Existe la sospecha de que funcionarios gestionarían perfiles de acoso en horario laboral. La denuncia resalta la gravedad de usar recursos humanos para persecución política. Además, se señala la posible frustración de la persecución y ejecución penal. Esto habría ocurrido mediante la eliminación deliberada de evidencias digitales institucionales.
Un componente central de la acción es la mención a la violencia de género. Santagada remarcó una clara preferencia de ataque hacia mujeres periodistas. Este comportamiento violaría directamente la Ley N° 5.777/2016 de Protección Integral. Las publicaciones buscaban dañar la imagen de figuras públicas mediante descalificaciones personales. El abogado detectó un patrón de odio dirigido contra mujeres en redes sociales. Por ello, la Fiscalía deberá considerar este agravante durante su proceso investigativo.
Denuncian obstrucción a la justicia por parte del Mitic
La denuncia advierte sobre la eliminación de contenidos de la agencia Digimarketing SAS. Santagada señaló que esto constituiría una obstrucción a la justicia paraguaya. El Mitic emitió un comunicado oficial que habría motivado la supresión de evidencias. La acción legal enfatiza la responsabilidad de las autoridades del ministerio mencionado. También se incluye al Viceministerio de Comunicación por su supuesta acción u omisión. Estos organismos habrían faltado a su deber de denunciar el uso ilegal de la identidad estatal.
El escrito menciona el financiamiento del Plan SUMAR con fondos de Senabico. La ley establece destinos específicos para estos recursos económicos del país. Estos fines no incluyen, bajo ninguna circunstancia, la propaganda difamatoria digital. El equipo jurídico solicitó diligencias para establecer la trazabilidad de los pagos. Se pidieron oficios al Mitic sobre convenios con Itaipú y la Fundación PTI. También se requirieron informes a los ministerios de Desarrollo Social y de Vivienda.
Finalmente, se solicitó la intervención de la Unidad de Delitos Informáticos y la Contraloría. La Contraloría General de la República deberá realizar auditorías patrimoniales a los funcionarios. Santagada subrayó que la Policía posee las herramientas técnicas para hallar a responsables. El avance del caso dependerá de la voluntad del fiscal general, Emiliano Rolón. La trazabilidad de los pagos será clave para confirmar el vínculo delictivo. Se busca castigar el uso de recursos estatales para el hostigamiento sistemático.
Fuente: ABC Color
