Mientras enfrenta un juicio oral y varias imputaciones vinculadas al caso conocido como la mafia de los pagarés, la suspendida jueza de Paz Carmen Analía Cibils comenzó a promocionar asesorías legales en redes sociales dirigidas a personas que buscan evitar demandas relacionadas con pagarés y otros conflictos judiciales.
La magistrada, apartada de sus funciones en el Juzgado de Paz de La Encarnación por decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), está acusada por presunto prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso. Además, la Fiscalía abrió otras causas similares en su contra por hechos vinculados a víctimas de la misma estructura investigada.
Actualmente, Cibils también sigue pendiente de resolución en el JEM, donde se analiza su enjuiciamiento por supuesto mal desempeño en el ejercicio de sus funciones como jueza de Paz.
La jueza promociona asesorías en redes sociales
Pese a su situación judicial, la magistrada comenzó a publicar contenidos legales en plataformas digitales. En su perfil de la red social X aparece un mensaje dirigido a potenciales clientes o seguidores: “Evitá ser demandado por desconocimiento. Pagarés. Contratos. Sucesiones. Indemnizaciones. Conocer tus derechos te protege”.
Además de X, la jueza suspendida mantiene actividad en YouTube e Instagram, donde comparte videos relacionados con asesoramiento jurídico y temas vinculados a derechos ciudadanos, según se observa en sus perfiles públicos.
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La difusión de estos contenidos se da mientras continúa siendo investigada en el marco de las causas relacionadas con presuntas irregularidades judiciales vinculadas a cobros compulsivos mediante pagarés.
Cibils negó vínculos con la mafia de pagarés
Durante su indagatoria, Carmen Analía Cibils rechazó haber integrado la estructura conocida como mafia de los pagarés. En aquella ocasión, sostuvo que muchas personas afectadas desconocían sus derechos y no presentaban defensas dentro de los procesos judiciales iniciados en su contra.
La jueza mencionó varios casos en los que, según afirmó, las víctimas no accionaron legalmente por falta de información o asesoramiento adecuado. Ese argumento vuelve a aparecer ahora en sus publicaciones y materiales difundidos en redes sociales.
Fuente: ÚH
