El presidente de la República, Santiago Peña, modificó de forma sustancial los datos de sus declaraciones juradas de bienes en pleno proceso de fiscalización de su patrimonio. El mandatario introdujo activos previamente ocultos y corrigió errores mediante una nota aclaratoria remitida a la Contraloría General de la República (CGR). Este procedimiento se realizó el 15 de abril de 2026, pocas semanas antes de que el ente de control emitiera un dictamen favorable de correspondencia patrimonial. El ajuste impidió que las omisiones iniciales fueran notificadas al Ministerio Público para una investigación penal.
La intervención del jefe de Estado se produjo bajo una fuerte presión pública sobre la evolución de sus bienes personales. El reajuste coincidió temporalmente con denuncias sobre supuestos pagos irregulares en Mburuvicha Róga y la filtración de su propiedad en San Bernardino. A través de sus asesores financieros, Peña rectificó la exclusión de inmuebles, acciones societarias, bonos corporativos e inconsistencias en sus depósitos bancarios. La Contraloría General de la República, bajo la dirección de Camilo Benítez, validó las modificaciones sin alterar los registros públicos del portal web institucional.
Sincronización exprés para justificar mansión veraniega
Uno de los puntos modificados en las declaraciones juradas del economista corresponde al valor real de su residencia veraniega en San Bernardino. El presidente ajustó los números declarados para hacerlos coincidir con un contrato de 900.000 dólares presentado por la firma Constructora Gómez Abente SA. Esta empresa proveedora del Estado está representada por Santiago Pedro Gómez Zelada, suegro de Manuel Peña Palacios, hermano del titular del Poder Ejecutivo.
Acorralado por el examen de correspondencia a su patrimonio, el presidente Santiago Peña alteró cifras de sus declaraciones juradas sobre la marcha e introdujo bienes ocultos mediante una “nota aclaratoria” a la Contraloría General de la República (CGR).#ABCTvPy… pic.twitter.com/wl2Rf1c1Ad
— ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) May 26, 2026
En su rectificación, Peña alegó que en su presentación anterior utilizó un tipo de cambio redondeado que generó un error de cálculo. Con la nueva documentación, el mandatario blanqueó el desembolso de 600.000 dólares a favor de la constructora y reconoció una deuda pendiente de 300.000 dólares. Asimismo, reincorporó un bono corporativo de 250 millones de guaraníes de firmas vinculadas a Cementos Concepción (Cecon), el cual había desaparecido de sus registros patrimoniales anteriores.
Cuentas bancarias infladas e inmuebles ocultos
Las omisiones admitidas por el jefe de Estado también alcanzan a bienes adquiridos durante sus funciones públicas pasadas en el Banco Central del Paraguay y el Ministerio de Hacienda. Peña reconoció la existencia de dos inmuebles ubicados en la ciudad de Villa Hayes que no constaban en sus declaraciones juradas previas. Del mismo modo, declaró una participación de 33 millones de guaraníes en la empresa Corpus SA de Mandatos, firma de la cual afirmó haberse desvinculado en el año 2022.
El desorden administrativo de las cuentas presidenciales incluyó una reducción drástica en sus depósitos declarados en el Banco Basa. Al asumir el cargo, Peña reportó una cuenta con más de 72 millones de guaraníes; sin embargo, en su aclaración alegó una confusión de divisas al realizar la conversión. Según el nuevo escrito, el saldo real de la cuenta bancaria ascendía apenas a la suma de 9.997 guaraníes. Adicionalmente, el documento justificó el ingreso posterior de 40.000 dólares por una supuesta cuenta a cobrar a la firma Real Viviendas EAS.
Complicidad institucional en San Bernardino
El examen de correspondencia de las declaraciones juradas tropezó con la falta de cooperación de las autoridades de la Municipalidad de San Bernardino. El director de Declaraciones Juradas de la CGR, Armindo Torres, confirmó que el intendente colorado Emigdio Ruiz Díaz no respondió a las solicitudes de informes. Los antecedentes señalan que la residencia de veraneo de Peña fue edificada sin los permisos municipales pertinentes y bajo sospechas de transgresiones a normativas ambientales vigentes.
La regularización de los planos del barrio cerrado Las Piedras se realizó de forma exprés en enero de 2025, días después de revelarse la existencia de la casa. Los fiscalizadores de la Contraloría comprobaron que los terrenos donde se asienta la vivienda siguen registrados a nombre de terceros. Pese a esta irregularidad documental, el equipo auditor validó un contrato privado de compraventa presentado por Peña para justificar el inmueble en sus declaraciones juradas.
Financiamiento inusual y el auxilio de Ueno Bank
El proceso constructivo de la mansión presidencial evidenció un esquema financiero altamente favorable por parte de la empresa contratista Gómez Abente SA. La constructora inició y ejecutó la mayor parte de la obra civil sin percibir anticipos financieros por parte de la familia presidencial. La edificación concluyó de manera anticipada a finales de 2024, mucho antes del plazo contractual estipulado originalmente en 23 meses.
El primer pago formal de Santiago Peña a la constructora se realizó siete meses después de la firma del contrato. Dicho desembolso de 300.000 dólares fue financiado mediante un préstamo otorgado por el banco Ueno Bank. Esta entidad bancaria cuenta con fuertes vínculos comerciales con antiguos socios del mandatario. El segundo pago, por el mismo monto, se concretó recién en abril de 2025, dejando el saldo final remanente que fue incorporado a las declaraciones juradas mediante la última nota aclaratoria.
Fuente: ABC Color
