Los abogados Esther Roa y Federico Legal insistieron en que el Ministerio Público investigue el patrimonio del presidente Santiago Peña, tras conocerse que mantiene una deuda de G. 2.119.740.000, equivalente a unos USD 346.363 al cambio actual, con la constructora Gómez Abente SA. El caso genera cuestionamientos debido a que la empresa también figura como proveedora del Estado.
Roa sostuvo que la Fiscalía tiene la obligación constitucional y legal de realizar una investigación seria, diligente e independiente. Según explicó, las dudas planteadas sobre el patrimonio del mandatario, sus inversiones y sus vínculos con empresas que contrataron con el Estado justifican una revisión exhaustiva de los antecedentes y operaciones involucradas.
La abogada afirmó que no son suficientes los informes administrativos ni las explicaciones presentadas hasta ahora. Consideró necesario determinar si existieron conflictos de intereses, tráfico de influencias o un eventual enriquecimiento indebido. Además, remarcó que la ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad cuando se trata de la conducta del jefe de Estado.
Investigación sobre patrimonio y contratos públicos
Roa también expresó preocupación por la relación entre la construcción de la residencia presidencial en San Bernardino y una empresa adjudicada con contratos estatales. Señaló que una investigación efectiva requiere contrastar información, verificar operaciones financieras y reconstruir los hechos con rigor técnico.
Asimismo, indicó que la actuación fiscal debe desarrollarse con independencia y bajo seguimiento ciudadano. A su criterio, la experiencia paraguaya demuestra que numerosos casos de corrupción terminan archivados de forma prematura o reducidos a actuaciones meramente formales, por lo que insistió en que se practiquen todas las diligencias necesarias.
Peña adeudaría fuerte suma por su casa en San Bernardino
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Federico Legal cuestiona análisis de la Contraloría
Por su parte, Federico Legal afirmó que la Contraloría General de la República reconoció que su examen no abarcó completamente los periodos en los que Peña se desempeñó en el sector privado. Según explicó, ese tramo resulta especialmente relevante para comprender el crecimiento patrimonial del mandatario.
El abogado sostuvo que existen aspectos patrimoniales que requieren aclaración y advirtió que la falta de investigación podría derivar en la prescripción de eventuales hechos punibles. También señaló que el informe de la Contraloría constituye apenas un insumo y no reemplaza una pesquisa integral del Ministerio Público.
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Mientras tanto, la diputada Johanna Ortega cuestionó las declaraciones de Peña contra periodistas que consultaron sobre su patrimonio y consideró que la reacción presidencial fue incompatible con los principios democráticos y el rol de la prensa.
Fuente: ÚH
