Alexandre Rodrigues seguirá recluido en Emboscada por narcotráfico y vínculos con Pavão.
El Ejecutivo activa el Programa Tekorenda para recuperar el Templo San Buenaventura, con inicio en diciembre y apoyo de instituciones nacionales e internacionales.
Vecinos denunciaron un operativo policial que intentó desplazar a un grupo que recordaba a sus fallecidos en la Plaza de los Desaparecidos.
Liz Prieto compró un microondas a crédito y hoy enfrenta una deuda de G. 3.000 millones. Señala un esquema con jueces y cobranzas.
El Centro Cultural del Lago abrió su feria navideña con la muestra “Christmas Trees II” de Ysanne Gayet y obras de artesanos de todo el país.
La CUT señala que el salario no cubre gastos básicos. Familias buscan ferias y ofertas para ahorrar.
Dos madres decidieron entregar a sus hijos adolescentes por su presunta participación en un asalto a una mujer ocurrido en la zona del cerro Lambaré.
Crecen las tensiones en Puerto Casado: asedio a la sede municipal, disputa por el control administrativo y bienes recuperados del entorno de Adorno.
El fiscal Éver García afirmó que no existen pruebas de extorsión ni agresiones mutuas en la causa por violencia familiar que involucra a Cristian Vera.
Ríos y Santander presentaron acciones para asegurar inamovilidad en la Corte. El caso reabre el debate sobre el Art. 19 de la Ley 609.
La Contraloría no concluye el examen patrimonial del senador Hernán Rivas, iniciado en 2023. Alegan demoras en el acceso a información oficial.
Trump afirmó en CBS que los días de Maduro “están contados”, mientras EE.UU. mantiene operativos marítimos con muertos y críticas legales.
Jueza Blanca Tillería otorgó arresto domiciliario a Jarbas Vaccari, captado golpeando a una mujer en Abaí. La Fiscalía pidió prisión, pero la jueza valoró sus condiciones personales.
Cerca de 1.600 víctimas afectadas por el esquema conocido como la “mafia de los pagarés” presentaron formalmente este lunes una solicitud de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), César Diesel.
La ley del silencio domina en zonas fronterizas. El miedo, la censura y la falta de protección frenan denuncias.
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