Judiciales

Víctimas de la mafia de los pagarés presentaron hoy un pedido de juicio político contra César Diesel y otros funcionarios de la Corte

Cerca de 1.600 víctimas afectadas por el esquema conocido como la “mafia de los pagarés” presentaron formalmente este lunes una solicitud de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), César Diesel.

Víctimas de la mafia de los pagarés buscan la expulsión del los ministros de la Corte por sus actuaciones en el caso de la mafia de los pagarés. Foto: Gentileza

Las víctimas de la “mafia de los pagarés” llevaron a Diputados un pedido de juicio político contra ministros de la Corte, con foco en el presidente César Diesel. El planteamiento acusa omisiones ante un esquema que afectó a miles de personas y reclama respuestas institucionales acordes a la magnitud del caso. El anuncio se hizo días antes y la presentación se formalizó a fines de octubre.

La Coordinadora de Víctimas sostiene que la Corte no actuó con celeridad frente a embargos y juicios ejecutivos presuntamente fraudulentos en juzgados de Paz. El documento, según los voceros, se apoya en causales de incumplimiento de deberes y posibles faltas graves.

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Los señalamientos a Diesel

Los reclamantes citan el vínculo societario de Óscar Diesel Junghanns, hermano del presidente de la Corte, como accionista de Carsa (Compañía Administradora de Riesgos SA), firma mencionada en la trama. Piden aclarar si hubo conflicto de interés.

Avance (lento) de la investigación penal

A casi un año de iniciadas las pesquisas, el Ministerio Público alcanzó a 19 firmas de 145 detectadas; solo dos dueños están procesados, panorama que alimenta el reclamo de las víctimas.

Entre los procesados aparecen funcionarios judiciales y la jueza de Paz Nathalia Garcete, quien ya enfrentó medidas y audiencia preliminar, además de suspensiones dispuestas por la propia Corte.

Desde la Presidencia de Diputados señalaron que el oficialismo no definió postura y que el juicio político debe ser “último recurso”, mientras las víctimas buscan respaldo multipartidario para abrir el trámite.

Fuente: ÚH