La ley del silencio: miedo y desconfianza frenan las denuncias

El criminólogo Juan Martens advirtió que el 70% de la ciudadanía en Paraguay evita denunciar hechos delictivos por temor a represalias y por desconfianza en las instituciones. Según el especialista, el miedo al crimen organizado ha reemplazado al control estatal como principal factor de silenciamiento social.

Martens explicó que el poder de intimidación del narcotráfico y las bandas fronterizas consolidó un ambiente de autocensura tanto en ciudadanos como en periodistas. En Pedro Juan Caballero, mencionó que circularon advertencias que prohibían a vecinos entregar grabaciones de cámaras de seguridad a la Policía, lo que calificó como un signo de censura previa.

La ciudad de Pedro Juan arrastra décadas bajo la llamada “ley del silencio”. Este clima de miedo se remonta al asesinato del periodista Santiago Leguizamón en 1991, un crimen que marcó el inicio de una era de autocensura impuesta por las organizaciones criminales en la frontera.

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Martens subrayó que el miedo de la prensa y la falta de protección legal refuerzan el aislamiento de la población. Cuestionó que el Congreso aún no haya aprobado la ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, cuya discusión en el Senado fue postergada por 30 días. Advirtió que esta demora refleja una tendencia preocupante hacia la restricción de la libertad de expresión.

El especialista señaló además que muchas víctimas desconfían de las autoridades, convencidas de que denunciar “no sirve de nada”. Aseguró que de cada diez delitos cometidos en el país, siete no llegan a registrarse oficialmente. Esta “cifra oculta” agrava la inseguridad y erosiona el Estado de derecho.

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Martens recomendó fortalecer la institucionalidad y promover la organización comunitaria para enfrentar el miedo. Sostuvo que las comisiones vecinales, la coordinación con el Ministerio del Interior y el apoyo ciudadano son claves para recuperar la confianza en la justicia.

En paralelo, aumentan los ataques a comunicadores. El 14 de octubre, un desconocido lanzó una bomba molotov a la vivienda del periodista Aníbal Benítez, acompañada de una nota con amenazas. Semanas antes, el director de El Observador, Carlos Javier Benítez Gauto, y el jefe de prensa de Lambaré, Fabián Costa, sufrieron ataques armados similares. Estos hechos confirman el riesgo creciente que enfrentan quienes informan o denuncian el poder del crimen organizado.

Fuente: Última Hora