César Barreto analizó la deuda de US$ 300 millones con constructoras y advirtió que el ajuste fiscal de 2026, sumado a programas sociales sin financiamiento permanente, pondrá más presión sobre la obra pública.
El exministro de Hacienda, César Barreto, analizó el origen y las consecuencias de la deuda acumulada con el sector de la construcción, hoy estimada en unos USD 300 millones. Durante un conversatorio con la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco), sostuvo que el problema deriva de una mala programación financiera, decisiones políticas aceleradas y una ejecución del gasto que no respetó los límites reales de financiamiento del Estado. A su criterio, lo ocurrido condiciona de forma directa el futuro de la obra pública en 2025 y, sobre todo, en 2026.
Barreto recordó que al inicio del actual gobierno se emitieron bonos por alrededor de USD 600 millones. Ese endeudamiento tuvo como objetivo saldar parte de las obligaciones heredadas de la pandemia, tanto con constructoras como con el sector farmacéutico. Según explicó, esa resolución fue adecuada en su momento. Sin embargo, consideró llamativo que el problema haya reaparecido en tan poco tiempo, luego de haber saneado la deuda anterior, lo que revela que la programación posterior no fue suficiente para evitar un nuevo atraso.
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El economista explicó que el punto de partida fue un presupuesto armado con recursos limitados. En ese contexto, el Gobierno ya sabía que debía volver en 2026 al marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Ese retorno implica reducir de forma importante el espacio para endeudamiento. Si antes era posible financiarse en el orden de 3 o 4 puntos del PIB, el tope pasará a solo 1,5 puntos. Barreto señaló que este dato, por sí solo, exigía una administración muy fina de las prioridades de gasto.
A su juicio, el error central fue la implementación acelerada de tres programas sociales de alto costo: el plan Hambre Cero, la universalización de las pensiones para adultos mayores y la expansión del contingente policial. Solo los dos primeros demandan cerca de USD 800 millones al año. Además, ninguno cuenta con financiamiento permanente. En el caso de Hambre Cero, advirtió que se está financiando un programa permanente con ingresos transitorios y decrecientes, en referencia a la caída de la compensación por energía de Itaipú.
Barreto indicó que la recaudación tributaria en 2024 acompañó el aumento del gasto, pero dejó de crecer al ritmo necesario para sostenerlo. Ante ese desfasaje, el Estado empezó a “sacar recursos de donde se puede”, y el margen real de ajuste se concentró en la inversión pública y en el pago a proveedores. Como resultado, se generaron atrasos crecientes con constructoras y farmacéuticas, lo que impacta en la cadena de pagos y en la planificación de las empresas vinculadas a la obra pública.
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El exministro remarcó que la situación se agravó porque no se transparentó el problema a tiempo. Consideró que el Gobierno debió reconocer el límite financiero y comunicar con claridad qué obras podían ejecutarse, cuáles debían reprogramarse y cuáles serían priorizadas. Sin esa previsibilidad, las empresas asumieron compromisos de inversión y empleo que después no pudieron sostener por la falta de pagos, lo que provocó un efecto dominó financiero en toda la cadena del sector.
Consultado sobre el impacto concreto, Barreto describió un escenario de freno en la actividad cuando el Estado deja de pagar. En ese marco, las empresas reducen su ritmo de ejecución, los bancos restringen líneas de crédito y el empleo cae. Recordó que la inversión pública es una de las políticas con mayor retorno económico y social, porque habilita competitividad para otros sectores productivos.
Además, advirtió que 2026 será un año crítico, ya que coincidirán la caída de los recursos de Itaipú y el límite de la regla fiscal, lo que dejará poco margen para grandes obras si no se define un plan de pagos y de prioridades creíble para el sector.
Fuente: Infonegocios
