Caso María Fernanda: Fiscalía formaliza acusación a imputados

El Ministerio Público anunció que presentará la acusación formal y pedirá la apertura de un juicio oral para los seis imputados por el feminicidio de María Fernanda Benítez. La adolescente, quien cursaba un embarazo, fue hallada incinerada en un terreno baldío de Coronel Oviedo a fines de mayo del 2025. La solicitud fiscal busca avanzar hacia la etapa de juicio para definir la responsabilidad penal de cada uno de los procesados.

El principal acusado es un joven de 17 años. La Fiscalía lo imputó por feminicidio, aborto en grado de tentativa y violación de la patria potestad. El adolescente permanece bajo prisión preventiva. Según la investigación, él habría llevado a María Fernanda hasta su domicilio el 27 de mayo. Además, durante un periodo en el que las cámaras de seguridad de la vivienda quedaron desconectadas, se habría cometido el crimen y se habría trasladado el cuerpo al predio cercano donde fue encontrado.

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La acusación también alcanza a los padres del principal sospechoso. Armando Silva, agente penitenciario, está imputado por exposición al tránsito terrestre. Su esposa, Karent Villar, docente, afronta una imputación por falsa denuncia. Ambos se encuentran bajo prisión preventiva. La Fiscalía sostiene que su participación debe ser evaluada en un juicio oral debido a los hechos atribuidos durante la etapa de investigación.

Asimismo, la agente fiscal incluyó en la acusación a Mikhaella Rolón Melgarejo. La joven es investigada por supuesta instigación a la comisión de hechos punibles y por su presunta complicidad en el feminicidio. Su participación fue incorporada tras los avances de la causa y luego de analizar elementos preliminares recolectados durante los primeros meses de la investigación.

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Previamente, Ricardo Andrés León Villamayor, padre de la novia del principal sospechoso, fue acusado por frustración de la persecución y ejecución penal. También fue acusado Franco Antonio Acosta Céspedes, propietario de una farmacia, señalado por hechos relacionados con la misma figura penal. Ambos ya cuentan con requerimientos conclusivos dentro del proceso.

El Ministerio Público sostiene que los elementos reunidos permiten llevar el caso a un juicio oral. Por lo tanto, solicitó que un Tribunal examine los hechos ocurridos entre el 27 y el 31 de mayo del 2025, periodo en el que se presume que la adolescente fue asesinada y luego incinerada. La Fiscalía afirma que el esclarecimiento del caso requiere evaluar la conducta de todos los imputados y determinar sus eventuales grados de responsabilidad penal.

Fuente: PDS Digital